AMÉRICAS

Santa Marta bajo vigilancia militar mientras paramilitares queman buses y amenazan comercios

La quema de buses y las amenazas a comerciantes han llevado a Santa Marta a recibir refuerzos militares. El paro armado de 48 horas declarado por un grupo paramilitar expone la vulnerabilidad de la economía turística del Caribe colombiano, mientras los habitantes sopesan los riesgos de abrir negocios, abordar buses y desplazarse al trabajo.

Un paro bajo amenaza armada

La instrucción para los comerciantes fue simple: no abrir. En toda Santa Marta, el martes, hombres armados amenazaron a los comerciantes mientras vehículos eran incendiados y se escuchaban disparos. El reporte de EFE describe una interrupción impuesta a personas que intentan ganarse la vida, no una protesta a la que hayan decidido sumarse.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o ACSN, anunciaron un paro armado de 48 horas tras la muerte de su segundo al mando, conocido como Cholo, en una operación de seguridad. La violencia prolongó una escalada que comenzó el lunes, cuando dos buses públicos fueron incendiados y hombres armados bloquearon la Troncal del Caribe, la principal vía del norte de Colombia.

Para el martes, las autoridades reportaban nuevos ataques contra camiones y buses. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó refuerzos militares y policiales, y luego anunció que Santa Marta sería militarizada. El enfrentamiento pasó de una operación contra un líder armado a las calles, donde ahora los civiles enfrentaban amenazas por realizar sus actividades cotidianas.

La frase “paro armado” oculta esa diferencia. En las restricciones descritas por EFE, una persiana cerrada no es prueba de apoyo al grupo. Puede ser evidencia de que su dueño ha sido amenazado. Considerar la obediencia forzada como consentimiento sería malinterpretar el mecanismo mismo por el que opera el paro.

Cuarenta y ocho horas es poco tiempo en el calendario, pero las consecuencias económicas pueden extenderse mucho más allá. El tiempo de comercio perdido es un costo; un bus destruido es otro. Reabrir una carretera no reemplaza el vehículo ni recupera los viajes, entregas y horas de trabajo ya perdidas.

Las playas, paisajes montañosos y atractivos históricos de Santa Marta la convierten en un importante destino turístico de Colombia. Sin embargo, las redes de transporte que sirven a los visitantes también transportan trabajadores y mercancías. Por eso, la interrupción puede extenderse más allá del lugar del ataque sin que sea necesario cerrar cada barrio u hotel.

La carga también depende de cómo cada hogar obtiene sus ingresos. Para quien cobra por viaje o por día, el trabajo postergado puede significar un ingreso que nunca regresa. Un negocio con ahorros puede absorber un cierre de manera diferente. No hubo una estimación verificada de pérdidas en el informe inicial de EFE, pero esas diferencias explican por qué un paro no puede entenderse simplemente como dos días fuera del calendario comercial de la ciudad.

Vista general en Santa Marta (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Un comandante, una red más amplia

Las autoridades acusaron a Cholo de coordinar rutas de narcotráfico hacia Centroamérica. De la Espriella dijo que llevaba más de 15 años en actividades criminales y que había sido facilitador de paz durante el gobierno de Gustavo Petro 2022–2026, según EFE. Esa designación buscaba permitir contactos con organizaciones armadas.

Su muerte y los ataques posteriores reflejan distintas medidas de la fuerza de una organización. Eliminar a un alto mando puede afectar el liderazgo, pero otros miembros aún pueden amenazar a transportadores y comerciantes. La represalia reportada indica que la capacidad de coacción continúa; no establece cuántos miembros quedan ni quién los dirige ahora.

De la Espriella identificó a Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, como el siguiente objetivo operativo. Las autoridades lo describen como líder y financiador de las ACSN. Las acusaciones sobre finanzas y tráfico son relevantes porque una organización armada depende de mucho más que los individuos visibles portando armas.

El presidente también anunció tres capturas en Santa Marta y dos en Riohacha: cinco en total entre las dos ciudades. El Ejército, por su parte, reportó la detención de un presunto miembro de las ACSN acusado de fabricar explosivos improvisados para ataques contra infraestructura y fuerzas de seguridad, así como de intimidar a civiles.

El reporte de EFE no aclara si ese sospechoso está incluido en el total presidencial. Los anuncios no pueden sumarse con seguridad como seis capturas. Tampoco el número de arrestos, sin información sobre el papel de los sospechosos y los procesos posteriores, mide cuánto de la organización ha sido desmantelado.

Fotografía que muestra el puerto de Santa Marta (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Patrullajes y el día después

“He ordenado la militarización de Santa Marta”, dijo De la Espriella en declaraciones recogidas por EFE. El alcalde Carlos Pinedo informó que la policía fue desplegada en la ciudad y el Ejército vigilaba la Troncal del Caribe, brindando protección en la misma vía que los hombres armados habían bloqueado.

El presidente luego apareció junto a personal de seguridad en el barrio Cristo Rey. “Estamos directamente con nuestras fuerzas de seguridad, patrullando todos los barrios”, dijo en un video difundido por EFE. Su presencia hizo visible la respuesta nacional en las calles.

Su lenguaje también fue explícito. Antes del paro, había advertido a los criminales buscados que negarse a someterse a la justicia los dejaría “en una bolsa y muertos”. Más tarde dijo que quienes se negaran serían abatidos conforme a la ley. Junto a los refuerzos, las advertencias delinearon la respuesta que pretendía implementar.

Para los negocios, el despliegue y la recuperación son etapas distintas. Una ruta necesita tanto conductores dispuestos a operar como pasajeros preparados para abordar. Un comercio requiere entregas además de clientes. Reforzar una carretera atiende el movimiento sobre ella; restablecer la actividad que depende de ese movimiento también exige confianza más allá de la próxima patrulla.

Las ACSN fijaron un plazo para su paro, pero esa declaración no ofrece garantía independiente de seguridad cuando se cumplan las horas. Para los habitantes de Santa Marta, el problema inmediato no es cuán confiado se muestre cada lado al describir su fuerza. Es si el próximo viaje al trabajo podrá volver a ser algo cotidiano.

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