700.000 miembros de esta minoría musulmana siguen en precarios campamentos de Bangladesh

El 25 de agosto de 2017, las Fuerzas Armadas de Myanmar lanzaron una violenta ofensiva para aniquilar a la minoría musulmana rohingya. Esta comunidad ya llevaba años sufriendo el hostigamiento del ejército de la antigua Birmania, mientras el Gobierno de ese país, liderado por la Nobel de Paz Aung San Suu Kyi, miraba hacia otro lado.

Read in english: The solution for the Rohingya Muslim community has not yet arrived

Sin embargo, aquel día la virulencia de las tropas provocó una huida masiva que terminó con más de 700.000 rohingyas en el vecino Bangladesh. Un año después su situación continúa siendo incierta.

En este país, los rohingya han encontrado algo de tranquilidad pues al menos allí están a salvo de las persecuciones. No obstante, la situación en los campamentos de refugiados está lejos de ser la adecuada, pues Bangladesh, uno de los países más pobres de Asia, no cuenta con los recursos necesarios para ofrecerles las condiciones mínimas de habitabilidad. Aun así, el Gobierno ofreció a los recién llegados plástico y bambú, y es con estos dos materiales con los que están hechas las humildes chozas en las que viven los desplazados, explica la ACNUR

De todo lo demás se encargan las ONG que trabajan sobre el terreno, como Médicos sin Fronteras, que luchan por prevenir las posibles epidemias que puedan estallar a causa  de las pésimas condiciones sanitarias y la amenaza de las lluvias monzónicas, activas desde junio.

Aunque la mayoría de los rohingya están dispuestos a volver a Myanmar, su país natal no ofrece ninguna garantía de seguridad. De hecho, Human Right Watch (HRW), dio a conocer que seis integrantes de esta minoría fueron torturados cuando regresaron temporalmente a Myanmar, lo que indica que la mayoría budista del estado de Rajine, fronterizo con Bangladesh sigue sin aceptar a los rohingya.

HRW denuncia que Myanmar no ha hecho absolutamente nada para garantizar que esta minoría musulmana pueda regresar con garantías de seguridad.

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Los dos países implicados en esta crisis no quieren asumir responsabilidades. Bangladesh se defiende aludiendo que ya han hecho bastante acogiendo a casi un millón de personas, cuando tienen unas de las densidades de población más altas del mundo e insta al Gobierno de Myanmar a que asuma su responsabilidad. Hay que recordar que este país de mayoría budista despojó a los rohingya de la nacionalidad en el año 1992, por lo que no los reconoce como ciudadanos.

Quienes no pudieron huir de Myanmar continúan en una situación muy delicada. Se calcula que más de 100.000 se encuentran en campos de detención y otros muchos atrapados en sus aldeas. Además, hay pruebas de que el Ejército sigue arrasando las poblaciones rohingya y ocupando sus campos de cultivo, dice el diario ABC. 

Todos los factores expuestos anteriormente, hacen que sea muy complicado encontrar una solución a este conflicto. Otro problema es la dificultad que supone elaborar una lista de muertos fiable que permita en un futuro tener pruebas para juzgar a los responsables directos de las matanzas que se cometieron en 2017. 

El tiempo juega en contra en este caso, pues aumenta el olvido de la comunidad internacional y retrasa las posibles soluciones.

LatinAmerican Post | José María González
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