Colombia pone fin a interminables diálogos de paz mientras los grupos armados siguen creciendo
El presidente Abelardo de la Espriella ha cerrado tres mesas de negociación heredadas de Gustavo Petro. El caso se basa en la expansión armada, el confinamiento y los ceses al fuego rotos; sus riesgos dependen de lo que reemplace al diálogo y de cómo Colombia trate a quienes ya están desarmados en la práctica.
Cuando hablar deja de significar avance
En Colombia, una mesa de paz lleva consigo la memoria de pueblos vaciados de la noche a la mañana, familiares secuestrados esperando junto a teléfonos en silencio, y el improbable acuerdo de 2016 que convenció a miles de combatientes de las FARC de dejar la selva.
Esa historia hace que poner fin a las negociaciones sea grave. También hace que fingir que funcionan sea peligroso.
De la Espriella dio por terminados los diálogos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Revocó las credenciales de los negociadores del gobierno y el reconocimiento otorgado a los delegados de los grupos armados. En un discurso reportado por EFE, dijo que no existía “una voluntad real y verificable de paz” suficiente para continuar.
El historial explica por qué el cierre ganó fuerza política. La política de Paz Total de Petro intentó un acercamiento simultáneo con guerrillas, disidencias de las FARC, estructuras sucesoras del paramilitarismo y bandas urbanas. La ambición fue histórica. La arquitectura, a menudo improvisada.
Algunos ceses al fuego carecieron de protocolos claros, límites territoriales y monitoreo creíble. Las conversaciones se pausaron, reiniciaron o fragmentaron a medida que los comandantes se dividían. El gobierno de Petro finalmente suspendió el proceso con el ELN y el principal Estado Mayor Central tras la reanudación de la violencia. ACLED encontró que las treguas redujeron los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad, pero los combates entre organizaciones armadas rivales aumentaron un 40 por ciento durante los primeros 27 meses de Petro.
Esa distinción explica por qué los comunicados oficiales y la experiencia de los pueblos contaban historias diferentes. Menos enfrentamientos con el Ejército no significaba necesariamente menos coerción. Un grupo podía respetar un cese al fuego con el Estado mientras reclutaba niños, cobraba extorsiones a comerciantes, movía cocaína y luchaba por el siguiente corredor fluvial.
El argumento más sólido para el cierre comienza cuando una mesa de negociación protege la expansión en vez de asegurar la desmovilización.
Las cifras se resisten a una historia sencilla
Afirmar que todo el crimen empeoró bajo Petro es demasiado general. Las tendencias nacionales de homicidio, los reportes de extorsión y las muertes en combate no se movieron al unísono. ACLED registró un 11 por ciento menos de muertes vinculadas a la violencia de grupos armados durante los primeros 27 meses del gobierno en comparación con el periodo anterior similar. El diálogo y la contención a veces salvaron vidas.
Pero el panorama territorial se deterioró. Estimaciones citadas por International Crisis Group indican que las organizaciones armadas y criminales casi duplicaron su membresía combinada entre 2022 y 2025, de unas 15,132 a aproximadamente 27,000 personas. Otras estimaciones son menores, pero apuntan en la misma dirección: estas organizaciones crecieron mientras el Estado luchaba por convertir los diálogos en rendición.
El secuestro también se disparó. Las autoridades registraron 651 casos en 2025, un aumento del 108 por ciento, aunque las denuncias de extorsión bajaron un 12 por ciento. Colombia no enfrentó una ola de crimen uniforme. La violencia se reconfiguró y concentró donde los actores armados controlan comunidades, rutas y economías ilegales.
Los datos humanitarios son más difíciles de suavizar. Durante enero y febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 6,006 personas desplazadas y 20,765 confinadas por el conflicto. Solo en mayo, otras 2,799 personas huyeron por desplazamientos masivos mientras 15,045 quedaron atrapadas por la violencia armada, a menudo sin acceso confiable a alimentos, atención médica o escuelas. Las comunidades indígenas y afrocolombianas fueron desproporcionadamente afectadas.
El confinamiento es el fracaso más silencioso de la paz. La gente permanece en casa, pero los hombres armados deciden cuándo pueden viajar, pescar, cultivar, estudiar o buscar medicinas. El territorio sigue habitado mientras la soberanía desaparece.
Los defensores pueden describir plausiblemente el cierre de estas tres mesas improductivas no como un rechazo a la paz, sino como un rechazo al proceso sin resultados medibles. Su estándar propuesto es el desarme verificable, la liberación de secuestrados, el fin del reclutamiento, la libertad de movimiento y la sujeción a la justicia. Asistir a reuniones no es progreso.
La fuerza no debe ser todo el Estado
Aún hay peligro en el lenguaje de De la Espriella. Dice que la paz debe imponerse mediante la fuerza legítima de las armas y la ley. La frase recoge el deber del Estado de proteger, pero puede reavivar la tentación de Colombia de confundir la presión militar con una solución política.
El acuerdo con las FARC de 2016 demostró que el desarme negociado puede cambiar la historia. Más de 11,000 excombatientes siguen en la vida civil, aunque cientos han sido asesinados desde la firma. Ese acuerdo no debe confundirse con conversaciones indefinidas con organizaciones fragmentadas cuyos líderes se benefician de economías ilícitas. Tampoco los fracasos actuales deben borrar lo que la negociación seria logró.
El nuevo gobierno también hereda una prueba moral. Noventa y nueve miembros de una facción vinculada a la CNEB entregaron recientemente sus armas e ingresaron a una zona de transición temporal. Ahora enfrentan incertidumbre jurídica. Poner fin a los diálogos con la mayoría armada no puede justificar el abandono de quienes se desarmaron bajo garantías estatales. Romper la palabra sería anunciar que rendirse es más peligroso que seguir armado.
Cualquier doctrina duradera necesita dos puertas. Una puede cerrarse a negociaciones explotadas para el crecimiento territorial. La otra debe permanecer abierta para la rendición verificada, la reintegración civil y la rendición de cuentas ante la ley.
Las operaciones militares pueden eliminar comandantes y destruir campamentos. No pueden registrar tierras, proteger testigos, procesar lavadores de dinero, reabrir escuelas ni dar ingresos legales a familias cocaleras. La tragedia recurrente de Colombia es que las tropas llegan como el filo del Estado, pero se van antes de que jueces, caminos, maestros y clínicas establezcan una presencia duradera.
Este análisis se refiere a los mecanismos de negociación, no a una comparación entre partidos ni a un respaldo a ninguna administración. La evidencia aportada por EFE, instituciones colombianas y observadores independientes del conflicto sugiere una lección más precisa: el diálogo solo gana legitimidad cuando la ciudadanía recibe algo concreto a cambio.
La paz no puede medirse por cuánto tiempo permanecen sentados los negociadores. Debe sentirse fuera de la sala, en la libertad de un campesino para llegar al mercado, la posibilidad de un niño de ir a la escuela y la certeza de una familia de que ninguna organización armada es dueña del camino. Cuando una mesa no puede ofrecer eso, cerrarla no resuelve el debate de Colombia. Plantea la pregunta más difícil: ¿qué construirá el Estado en su lugar?
Lea También: Colombia vuelve a poner a Southcom en el mapa de la guerra antidrogas del Pacífico
