Colombia y Ecuador cortejan a los cárteles mientras Washington corteja la frontera
Jefes militares se reunieron en San Lorenzo para anunciar una ofensiva unida contra los cárteles fronterizos. La cooperación es necesaria, pero difundir la estrategia antes de obtener resultados plantea preguntas sobre soberanía, riesgo para civiles y si la renovada arquitectura de seguridad de Washington podrá sobrevivir al próximo giro político.
¿Por qué anunciar la ofensiva?
San Lorenzo fue elegido porque el peligro allí es tangible. El pueblo ecuatoriano se encuentra junto a rutas que conectan las regiones cocaleras de Colombia con los puertos de Ecuador y el Pacífico. El jueves, la zona fronteriza se convirtió en escenario para los generales.
El jefe del Comando Sur de EE. UU., Francis L. Donovan, se reunió con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, el comandante de las fuerzas armadas de Colombia, Erick Rodríguez, y el comandante de la fuerza de tarea estadounidense, Kevin J. Jarrard. El encuentro no produjo ningún mapa público ni lista de objetivos. Produjo algo más político: unidad.
“La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto geográfico estratégico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo”, dijo Donovan en declaraciones recogidas por EFE. “Hoy, estamos cambiando las reglas del juego”. Prometió una estrategia unificada para perseguir a los líderes de los cárteles, destruir la logística y negar de forma permanente los refugios seguros.
¿Por qué anunciarlo antes de demostrarlo?
La respuesta benévola es la disuasión. Los cárteles deben saber que cruzar una línea nacional ya no pondrá fin a una persecución. Las comunidades fronterizas deben saber que Bogotá, Quito y Washington han notado su abandono. Los gobiernos también necesitan consentimiento para cooperaciones que involucren inteligencia, aeronaves y personal extranjero.
La respuesta menos benévola es el teatro. Las organizaciones criminales ya estudian los patrones de patrullaje, corrompen funcionarios, reemplazan comandantes y cambian rutas más rápido de lo que los ministerios publican comunicados. Una declaración puede tranquilizar a las capitales mientras dice poco a los residentes sobre quién los protegerá después de que se vayan las cámaras.
Había otra audiencia. En marzo, un bombardeo contra un supuesto centro de entrenamiento de los Comandos de Frontera en el lado ecuatoriano fue seguido por el hallazgo de explosivos sin detonar en Colombia. El entonces presidente Gustavo Petro acusó a Ecuador de cruzar la línea. Daniel Noboa lo negó. La fotografía del jueves señala que la ruptura ha sido políticamente enterrada, aunque las preguntas sin respuesta no lo han sido.
Una frontera que ningún país controla solo
La cooperación sigue siendo necesaria a pesar de la presentación sospechosa. No se trata de pandillas locales. Enlazan zonas de producción colombianas, redes de transporte ecuatorianas, puntos de salida en el Pacífico, intermediarios internacionales, lavadores de dinero y compradores extranjeros.
EFE informó que una operación apoyada por la DEA esta semana detuvo a 24 personas en Ecuador, incluidos dos mexicanos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, durante unas 20 redadas en tres provincias. Ecuador también recibe apoyo de EE. UU. para interceptar lanchas rápidas y semisumergibles que transportan cocaína hacia Centro o Norteamérica. La cadena es transnacional. La respuesta también debe ser regional.
El intercambio de inteligencia puede funcionar. Los allanamientos sincronizados pueden evitar que un sospechoso escape cruzando la frontera. La vigilancia marítima puede identificar embarcaciones que un país no puede seguir solo. Las investigaciones financieras pueden conectar un envío rural con un exportador y una red en el extranjero.
Pero una coalición militar probablemente produzca más interrupciones tácticas que victorias duraderas. Arrestar líderes puede fracturar organizaciones sin eliminar el mercado. Cerrar una ruta puede aumentar el valor de otra. Bombardear un campamento puede dispersar combatientes en comunidades donde se vuelven más difíciles de distinguir y más fáciles de reemplazar.
La experiencia de Ecuador debería hacer incómodo el lenguaje triunfalista. Human Rights Watch informó que los grupos criminales se habían fragmentado mientras que los líderes, el control territorial y las economías ilícitas permanecían en gran medida intactos. Su informe de 2026 también planteó denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, destrucción de propiedades y una cooperación de seguridad EE. UU.-Ecuador opaca cerca de la frontera con Colombia. Esos hallazgos no niegan la necesidad de enfrentar a las redes armadas. Muestran por qué la fuerza sin instituciones responsables puede generar agravios mientras deja intactas las finanzas criminales.
El éxito debe medirse más allá de cuerpos, bombas y fardos de cocaína exhibidos ante las cámaras. Los indicadores significativos son procesos judiciales que sobreviven en tribunales, bienes recuperados, puertos libres de corrupción, reducción de extorsión, testigos protegidos y comunidades que pueden desplazarse sin pagar permiso armado.
El hemisferio detrás de la frontera
La reunión de San Lorenzo es también un marcador geopolítico. El ingreso de Colombia a la Coalición Anticárteles de las Américas liderada por EE. UU. devuelve a Washington al centro de la seguridad andina tras años de fricción. Funcionarios estadounidenses han discutido ataques conjuntos contra grupos armados colombianos y han descrito la asociación como potencialmente más profunda que el Plan Colombia.
Para los partidarios, esto es soberanía compartida contra enemigos que ya ignoran la soberanía. Un cártel que compra funcionarios, aterroriza barrios, controla cárceles y cruza fronteras no es solo un problema policial. Es un actor político regional sin rendición de cuentas democrática.
Para los críticos, la arquitectura se parece a un viejo patrón latinoamericano: Washington define la amenaza, suministra la doctrina y gana alcance operativo mientras los gobiernos locales cargan con las consecuencias civiles. Recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico han dejado 223 muertos en 67 ataques, según un recuento de Associated Press, mientras que el Comando Sur a menudo ha divulgado poca evidencia pública sobre quién iba a bordo.
Por eso hacer pública la reunión de San Lorenzo solo es defendible si las reglas también se hacen públicas. ¿Qué país autoriza el uso de la fuerza? ¿Quién investiga un ataque erróneo? ¿Qué pruebas se requieren antes de etiquetar a un objetivo como operador de cártel? ¿Dónde pueden las familias buscar respuestas?
La cooperación puede proteger a América Latina de organizaciones que han superado las fronteras nacionales. También puede normalizar el secretismo, la militarización y la dependencia si los ciudadanos reciben consignas en vez de garantías.
La verdadera prueba de la reunión no es si los comandantes “cambian el juego”. Es si la gente a lo largo de la frontera se vuelve más segura sin volverse invisible. Si tres gobiernos muestran su unidad, deberían mostrar sus límites, pruebas y rendición de cuentas con igual orgullo.
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