El hábito de la emergencia en Ecuador pone a prueba la democracia mientras Noboa persigue el poder narco
El último estado de excepción de Daniel Noboa vuelve a colocar la crisis de seguridad de Ecuador en el centro del dilema democrático de América Latina, donde los ciudadanos exigen seguridad, los soldados entran a los barrios y la línea entre gobierno de emergencia y régimen permanente es cada vez más difícil de distinguir.
Un país aprende a vivir bajo emergencia
Ecuador despertó el martes con otro decreto, otro mapa teñido de miedo, otra frase oficial que ahora suena casi familiar: “grave conmoción interna”. El presidente Daniel Noboa ordenó un nuevo estado de excepción de 60 días en diez provincias y tres municipios, apenas 16 días después de que expirara el anterior. La medida abarca Pichincha, donde se encuentra Quito, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de La Maná, Las Naves y La Troncal.
En el papel, es un instrumento legal. En la vida cotidiana, es otra cosa. Es el sonido de botas en las escaleras, retenes en las carreteras, allanamientos que llegan antes del amanecer, familias que mantienen los teléfonos cargados por si el chat del barrio se llena de advertencias. El decreto, citado por EFE, autoriza a las fuerzas de seguridad a actuar en esos territorios para proteger el orden interno, restablecer la seguridad pública y prevenir o neutralizar actividades delictivas que afecten los derechos y libertades de los ciudadanos.
También suspende la inviolabilidad del domicilio, permitiendo que las fuerzas de seguridad ingresen a viviendas privadas cuando sospechen de actividades ilegales. Esa es la parte que permanece. En América Latina, el hogar ha sido muchas veces el último refugio tanto frente al crimen como frente al Estado. Cuando el Estado dice que puede cruzar ese umbral, muchos ciudadanos escuchan protección. Otros escuchan memoria.
Noboa había dicho desde Estados Unidos un mes antes que no extendería el estado de excepción entonces vigente desde abril, según EFE. “No se va a extender. Si tenemos otro periodo en el que tengamos operaciones especiales, necesitaremos uno nuevo, pero un nuevo estado de emergencia”, dijo en ese momento. Técnicamente, este es el nuevo. Políticamente, se siente como continuidad bajo otro sello.
Las cifras detrás del miedo
El argumento del presidente se basa en una realidad brutal. Ecuador, antes visto como un país relativamente tranquilo entre Colombia y Perú, se ha convertido en uno de los laboratorios más violentos del poder criminal en la región. Según cifras del Ministerio del Interior citadas en las notas, 2025 cerró con alrededor de 9.300 homicidios, un récord que colocó a Ecuador en la cima de los rankings de tasa de homicidios en América Latina.
Esa cifra es más que una estadística. Significa funerales que llegan en racimos. Significa escuelas que cierran temprano, comerciantes que pagan extorsión y madres que aprenden qué calles no cruzar. También revela los límites de una estrategia de mano dura que se ha intensificado desde enero de 2024, cuando Noboa declaró un “conflicto armado interno” y reclasificó a las bandas criminales como “terroristas”, vinculándolas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
La geografía de este decreto cuenta su propia historia. Guayas y Manabí apuntan a los puertos y rutas costeras. Esmeraldas mira al norte, hacia Colombia, corredores fluviales y la larga posguerra de un conflicto armado a través de una frontera porosa. El Oro mira hacia Perú y las rutas del tráfico. Pichincha lleva la crisis al corazón político del país. Ya no es un problema que pueda describirse como violencia costera o inseguridad fronteriza. Es nacional.
Sin embargo, los datos también contradicen el lenguaje preferido del gobierno sobre victorias en el campo de batalla. Si el régimen de emergencia, los toques de queda, los despliegues militares y las designaciones de terrorismo fueran suficientes, 2025 no habría terminado con un récord de homicidios. El Estado puede ser más visible, pero la visibilidad no es control. Los soldados pueden entrar a un barrio. No pueden reconstruir fácilmente una policía investigativa, limpiar las cárceles, proteger testigos, crear empleos para jóvenes reclutados por pandillas o desenredar el dinero ilícito de los negocios legales.
Esa es la dura lección que América Latina sigue reaprendiendo. Los poderes de emergencia pueden interrumpir el crimen. Rara vez desmantelan la economía política que lo alimenta. Las bandas prosperan donde los puertos mueven cocaína, las minas ilegales lavan oro, las cárceles se convierten en centros de mando y las instituciones locales son demasiado débiles o están demasiado comprometidas para resistir.
Una guerra fronteriza con ecos regionales
El mismo día en que se anunció el decreto, el Ejército de Ecuador reportó la detención de siete personas presuntamente vinculadas al grupo Oliver Sinisterra, una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Según EFE, los soldados incautaron dos fusiles, tres escopetas, municiones, equipo táctico y provisiones para permanecer en el terreno.
Los detalles son pequeños y grandes a la vez. Unos cuantos fusiles en un municipio costero. Un nombre disidente de la paz inconclusa de Colombia. Una provincia fronteriza donde el bosque, los ríos y el mar pueden servir tanto a familias como a traficantes. La detención sugiere por qué la crisis de Ecuador no puede encerrarse dentro de Ecuador. Su violencia pertenece a un circuito regional que atraviesa economías de coca, rutas marítimas, minería ilegal, redes carcelarias y la demanda de drogas mucho más allá de América Latina.
El lunes, Esmeraldas también fue escenario de operaciones fluviales conjuntas y entrenamiento entre Ecuador y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que personal del Batallón de Infantería de Marina 11 San Lorenzo y del Special Boat Team 22 de las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron reconocimientos fluviales, navegación táctica y procedimientos de respuesta ante escenarios de riesgo, según EFE.
El apoyo de Washington no es nuevo, y para Ecuador, puede ser necesario. Pero también arrastra la vieja incomodidad latinoamericana. La región tiene larga memoria de alianzas extranjeras en seguridad que prometen capacidad y dejan dependencia, reacciones políticas o atajos militarizados. El reto para Noboa es aceptar ayuda sin convertir la crisis de Ecuador en otro capítulo de doctrina importada y excepción doméstica.
Para América Latina, Ecuador es ahora una señal de alerta. El país muestra cuán rápido el crimen organizado puede convertir la geografía en poder y la debilidad institucional en territorio. También muestra cómo los gobiernos democráticos, presionados por ciudadanos aterrados, pueden deslizarse hacia un gobierno solo de emergencia porque las herramientas normales parecen demasiado lentas.
La apuesta de Noboa es que los poderes extraordinarios pueden comprar tiempo. El peligro es que se conviertan en el clima político. Una vez que los ciudadanos se acostumbran a los estados de excepción, los líderes pueden encontrar más fácil renovarlos que explicar por qué los asesinatos siguen altos a pesar de ellos. El crimen entonces remodela la democracia dos veces: primero aterrorizando al público, luego enseñando a los gobiernos a gobernar al margen de los límites ordinarios.
Ecuador necesita seguridad. Esa parte no es abstracta. La gente quiere vivir, trabajar, viajar y dormir sin negociar con hombres armados. Pero la prueba más profunda es si Noboa puede convertir la presión de la emergencia en fortaleza institucional, y no simplemente en otro ciclo de 60 días. América Latina observa porque la pregunta es más grande que Ecuador: ¿puede una democracia combatir ejércitos criminales sin terminar pareciéndose poco a poco a un cuartel?
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