El Salvador pone a prueba la justicia al juzgar a 486 acusados juntos

El juicio masivo de 486 presuntos líderes de pandillas en El Salvador promete un castigo rápido tras años de terror. Sin embargo, obliga a América Latina a enfrentar una pregunta: ¿sigue siendo justicia cuando cientos son juzgados juntos bajo poderes de emergencia y garantías suspendidas?

Un Estado que busca rapidez

El Salvador ha abierto uno de los juicios más reveladores de la región, no solo por quiénes están en el banquillo, sino por cuántas personas están allí al mismo tiempo. Ha comenzado un juicio masivo contra 486 presuntos líderes de la MS-13, con la fiscalía acusando al grupo colectivamente de cometer más de 47,000 delitos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidio, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas, feminicidio y desapariciones. Entre los acusados hay personas supuestamente vinculadas a la ola de violencia de pandillas de marzo de 2022 que dejó 87 muertos en un solo fin de semana y llevó al presidente Nayib Bukele a declarar su guerra contra las pandillas. La fiscalía dice tener pruebas contundentes y busca las penas máximas.

No es difícil entender por qué muchos salvadoreños recibirían con agrado una escena como esta. El Estado intenta proyectar algo que ha sido escaso en gran parte de América Latina: control contundente. La acusación es vasta. Las cifras son abrumadoras. El simbolismo es inconfundible. El gobierno quiere mostrar que los hombres que, según dice, ayudaron a sembrar miedo y dolor en las familias salvadoreñas ahora están encerrados en un mismo marco judicial, su poder territorial roto, su violencia nombrada, su castigo acercándose.

Las acusaciones en sí mismas están diseñadas para contar una historia política tanto como criminal. Los fiscales dicen que los acusados no solo son responsables de delitos individuales, sino también de rebelión y de intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo. Esa frase importa. Presenta el juicio no solo como una persecución de asesinatos y tráfico, sino como una confrontación entre la soberanía y su rival. En esa lectura, la MS-13 no es solo una pandilla. Es una autoridad enemiga que alguna vez gobernó barrios a través del miedo y la regla informal. Ahora el Estado insiste en que solo él gobernará.

Por eso este caso resonará más allá de El Salvador. En toda América Latina, los gobiernos que enfrentan el crimen organizado suelen prometer restaurar la autoridad pública no mediante una reparación judicial lenta, sino a través del espectáculo, la fuerza excepcional y el lenguaje de la emergencia. El mensaje siempre es emocionalmente poderoso porque la herida es real. Los ciudadanos que viven bajo extorsión y amenazas no piden primero una teoría legal elegante. Piden alivio. La tentación de cualquier gobierno es responder a ese dolor con poder concentrado y compresión procesal. El Salvador ha llevado esa lógica más lejos que la mayoría.

El estado de excepción impuesto en marzo de 2022 sigue siendo central en la historia. Amplió los poderes para arrestar a personas sospechosas de pertenecer o apoyar a pandillas y suspendió algunos derechos constitucionales. También ha producido decenas de miles de detenciones. Organizaciones de derechos humanos han argumentado que ha llevado a detenciones arbitrarias. Cambios legales posteriores permitieron los juicios masivos. Esta es la secuencia crucial. Primero viene el terror. Luego la emergencia. Después se construyó una nueva arquitectura judicial para manejar la magnitud de la represión. En esa progresión, la sala de audiencias empieza a parecerse menos a un lugar de juicio moral individualizado y más a una extensión de la guerra por otros medios.

¿Puede la culpa colectiva ser justa?

Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, aquí es donde comienzan los problemas.

La justicia en su sentido más profundo suele basarse en la responsabilidad individual. Pregunta qué hizo esta persona, qué intención tuvo, qué pruebas la vinculan a un delito y qué castigo corresponde a sus actos. Un juicio masivo tensa esa tradición al pedirle al tribunal y al público que piensen en agregados. Cuatrocientos ochenta y seis personas son procesadas juntas. Cuarenta y siete mil delitos se presentan como obra colectiva de una estructura. Cuatrocientos trece ya están bajo custodia, mientras que otros 73 son procesados en ausencia. La intuición moral detrás de un proceso así es comprensible: cuando una organización criminal opera como un sistema, tal vez solo un juicio sistémico puede enfrentarla a esa escala. Pero el peligro es igualmente obvio. Cuanto más grande es el grupo, más fácil se vuelve que la culpa individual se diluya en la culpa organizacional.

Eso no hace automáticamente injusto el juicio. Las organizaciones criminales actúan colectivamente. Las estructuras de liderazgo importan. Los patrones importan. Las conspiraciones de largo plazo son reales. Un tribunal no necesita fingir que la violencia organizada es solo un montón de actos aislados. Pero la justicia empieza a tambalear cuando la eficiencia procesal se vuelve más valiosa que la diferenciación individual. Una vez que eso sucede, la pregunta cambia silenciosamente de “¿Qué hizo este acusado?” a “¿Cómo procesamos todo este universo de acusados lo suficientemente rápido para satisfacer la emergencia?”. No es la misma pregunta.

También está el tema de los juicios en ausencia. En algunas tradiciones jurídicas, juzgar a personas que no están físicamente presentes puede justificarse bajo condiciones limitadas. Sin embargo, desde el punto de vista de la legitimidad, la ausencia siempre crea una sombra. Debilita el drama público de la rendición de cuentas y hace que el proceso se sienta menos como una contienda de pruebas que como un mecanismo de cierre. Si se suma un estado de emergencia continuo y derechos constitucionales suspendidos, el ambiente se vuelve aún más difícil. La ley puede seguir operando. Pero, ¿opera libremente o bajo la presión de la necesidad política?

Esta es la paradoja que ahora encarna El Salvador para la región. Un juicio masivo puede sentirse moralmente satisfactorio porque refleja la magnitud del daño. Dice que el Estado finalmente ha comprendido la enormidad de la estructura criminal que enfrenta. Pero el derecho no trata solo de escala. También trata de distinción. Un sistema de justicia que pierde la capacidad de distinguir cuidadosamente entre actores puede seguir castigando, puede seguir incapacitando, puede seguir atemorizando a posibles infractores. Lo que tal vez ya no pueda hacer, al menos plenamente, es juzgar.

Eso importa porque los juicios masivos no son solo instrumentos legales. Son teatro moral. Enseñan a una sociedad qué cuenta como prueba, qué tipo de acusado merece matices y cuánta paciencia procesal puede sobrevivir bajo el miedo. Si la lección se convierte en que la emergencia disuelve la individualidad, entonces la victoria sobre las pandillas también puede normalizar una idea más delgada de justicia.

Por qué América Latina sigue regresando aquí

América Latina vuelve a este problema una y otra vez porque la región ha cargado durante mucho tiempo con dos verdades a la vez. Una es que la violencia criminal puede volverse tan organizada, territorial y socialmente invasiva que los ritmos legales ordinarios parecen débiles, incluso ingenuos. La otra es que los Estados de la región tienen una larga historia de usar la emergencia como atajo, ampliando poderes, reduciendo garantías y prometiendo que las medidas excepcionales serán temporales. A menudo no lo son. Se convierten en la nueva gramática de las reglas.

El juicio actual de El Salvador se inscribe plenamente en esa historia. Los acusados pertenecen a una pandilla transnacional fundada en Los Ángeles durante la década de 1980 por inmigrantes que habían huido de la guerra civil salvadoreña. Sin embargo, su presencia ahora es mayor en Centroamérica. Esa historia de origen por sí sola dice mucho sobre por qué el problema persiste. La violencia de las pandillas en América Latina rara vez es puramente local. Está moldeada por la guerra, el desplazamiento, la migración, la deportación, la exclusión y las instituciones frágiles. Las organizaciones criminales crecen donde el tejido social ya ha sido roto. Los gobiernos entonces heredan no solo un desafío de seguridad pública, sino un profundo fracaso histórico.

Eso ayuda a explicar por qué la filosofía del derecho tan a menudo pierde terreno ante la urgencia política. Cuando las familias han enterrado a demasiadas personas, cuando la extorsión ha gobernado demasiados barrios, cuando el miedo se ha vuelto cotidiano, un juicio masivo puede parecer claridad moral. Se siente decisivo. Se siente proporcional a la magnitud del terror. Y sin embargo, la historia en América Latina sugiere que la justicia de emergencia rara vez se queda dentro de su objetivo original. Los poderes ampliados para los peores delincuentes suelen quedarse. Los estándares rebajados para los acusados más odiados pueden luego aplicarse más ampliamente. La región conoce este patrón porque ha vivido con Estados que se acostumbran a actuar primero y a diferenciar cuidadosamente después.

Nada de esto significa que el Estado salvadoreño debió no hacer nada. Significa que la pregunta más difícil no es si los líderes de las pandillas deben enfrentar la justicia, sino qué forma de justicia preserva suficiente equidad para seguir siendo digna de ese nombre. Un Estado puede desmantelar una estructura violenta y aun así vaciar el principio legal en el proceso. Puede ganar el control del territorio mientras pierde algo dentro de la sala de audiencias.

Por eso este juicio importará mucho más allá de El Salvador. Ofrece a América Latina una prueba clara en la vieja discusión entre orden y ley. Si los acusados son culpables, una sociedad brutalizada por la MS-13 querrá comprensiblemente castigo y permanencia. Pero si los juicios masivos se convierten en la respuesta aceptada cada vez que el miedo es lo suficientemente grande, la región podría terminar resolviendo una forma de poder paralelo construyendo silenciosamente otra. La sala de audiencias seguirá funcionando. Las sentencias seguirán cayendo. Pero la justicia, comprimida en un solo proceso enorme, puede empezar a parecerse a la emergencia que le dio origen.

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