La libertad religiosa de Colombia depende de mantener el poder presidencial firmemente laico

La disculpa presidencial ordenada en Colombia es más que un teatro judicial. Pone a prueba si una república laica puede acoger a los creyentes sin reclutar a todos los demás, especialmente ateos y agnósticos, en una ceremonia estatal donde la ciudadanía pareció llegar envuelta en oración pública.

Una ceremonia que cruzó la línea

El 7 de agosto, el traspaso de poder en la Arena USC de Cali debió haber pertenecido a todos los colombianos. En cambio, el ritual constitucional terminó como un servicio patrocinado por el Estado. El rabino David Michaan leyó del Antiguo Testamento y concluyó con “Viva Colombia y viva Israel”. El pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada y el monseñor católico Francisco Múnera oraron por la seguridad, la unidad y el fin del terrorismo. Una imagen de la Virgen María apareció ante legisladores e invitados extranjeros. El problema no era su fe. Era el Estado convirtiendo su investidura en un púlpito. EFE informó que la religión ocupó una parte significativa de la ceremonia oficial.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella pedir disculpas en una alocución por radio y televisión el 30 de septiembre. El fallo de primera instancia, apelable, también le indica evitar favorecer el catolicismo o cualquier credo y ordenar a los funcionarios públicos defender la neutralidad religiosa. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, debe disculparse porque la inauguración ocurrió durante una sesión legislativa. La decisión separa la fe privada de un presidente de la autoridad pública de la presidencia.

Esa distinción importa porque las ceremonias comprimen el poder en símbolos. Una inauguración le dice a la ciudadanía quién pertenece, qué honra la república y dónde supuestamente comienza la autoridad. Cuando el clero recibe la última palabra moral y una audiencia oficial es sumida en oración, los no creyentes quedan fuera del centro emocional de la nación.

La república rompió con un pasado confesional

Colombia ha vivido bajo la alternativa. La Constitución de 1886 trató al catolicismo romano como un elemento esencial del orden social y puso la educación bajo la poderosa influencia de la Iglesia. Eso fusionó la ciudadanía con una jerarquía religiosa, hizo costoso socialmente disentir y enseñó a generaciones que la pertenencia nacional llegaba a través de una fe heredada.

La Constitución de 1991 rompió con ese orden. No declaró la guerra a la religión. Trasladó la religión del asiento de mando del gobierno al ámbito protegido de la conciencia. La Corte Constitucional dice que Colombia pasó de un modelo confesional a uno laico, fundado en el pluralismo y la igualdad. El artículo 13 prohíbe la discriminación por motivos de religión u opinión filosófica. El artículo 18 protege la conciencia y prohíbe la revelación forzada o acciones en su contra. El artículo 19 protege el culto y garantiza que todas las iglesias sean igualmente libres ante la ley.

Esa estructura incluye a los ateos. Muy a menudo, “libertad religiosa” significa elegir entre iglesias en vez de elegir ninguna. La Corte reconoce que la conciencia protege convicciones seculares y religiosas, incluyendo la opción de afirmar o negar una relación con Dios. La Ley 133 protege el derecho a profesar una fe, abandonarla o abstenerse de practicarla. El ateísmo no es un defecto constitucional que deba corregirse con oración pública. El agnosticismo no es una respuesta incompleta que el Estado pueda exigir.

El respeto significa más que permitir que los ateos permanezcan en silencio mientras otros invocan al cielo. Significa negarse a insinuar que el patriotismo, la moralidad o la seriedad cívica requieren creencia. Un colombiano puede servir a sus vecinos, llorar a los muertos, defender la democracia y amar al país sin imaginar un testigo divino. Ese ciudadano debe entrar en la casa cívica en igualdad de condiciones.

El preámbulo de Colombia invoca a Dios, y la Ley 133 dice que el Estado no es ateo, agnóstico ni indiferente al sentimiento religioso. Esas frases no anulan el laicismo. Una república puede reconocer la importancia social de la fe sin hablar con la voz de la fe. La neutralidad es una restricción disciplinada, no hostilidad.

La neutralidad también protege a los creyentes

Los partidarios pueden llamar pluralista a la ceremonia de Cali porque participaron líderes judíos, evangélicos y católicos. Pero tres tradiciones no representan a Colombia. Musulmanes, autoridades espirituales indígenas, tradiciones afrocolombianas, iglesias más pequeñas, agnósticos y ateos quedaron fuera del círculo. Agregar más clero no resolvería el problema. El pluralismo no es una lista de invitados más grande en el altar. Es un espacio cívico donde ningún altar controla la admisión.

La frase final de Michaan mostró cómo la devoción puede fusionarse con el mensaje estatal. “Viva Colombia y viva Israel” colocó a una nación extranjera en el clímax ceremonial del traspaso de poder en Colombia. El rabino podría decirlo libremente en su propio foro. En un escenario presidencial oficial, las palabras llevaban la amplificación de la república. El lenguaje religioso puede ser espiritual, diplomático, partidista y cultural a la vez. La neutralidad impide que el gobierno finja que esos significados desaparecen cuando el micrófono cambia de manos.

La realidad social de Colombia hace que ese límite sea aún más necesario. Las iglesias a menudo trabajan donde el Estado es débil, brindando alimentos, educación, refugio, mediación y compañía. Su servicio puede ser indispensable. Pero la debilidad pública no puede convertir la influencia caritativa en privilegio ceremonial. Una familia desplazada, un estudiante de escuela pública, un soldado que recibe atención pastoral o un paciente en un hospital estatal nunca deberían preguntarse si la pertenencia plena viene con un credo adjunto.

La separación también protege a los creyentes. Una vez que un gobierno favorece la religión, puede decidir qué fe cuenta, qué líderes tienen acceso y qué doctrinas parecen patrióticas. La iglesia honrada de hoy puede convertirse en la secta sospechosa de mañana. La Corte Constitucional define el laicismo a través de la separación y la neutralidad, prohibiendo la identificación oficial con una iglesia y los actos simbólicos de adhesión estatal. La norma protege la fe de la captura política y a los ciudadanos de la presión religiosa.

Una disculpa no tiene por qué humillar al presidente. Puede expresar una verdad constitucional: el presidente puede tener fe, pero la presidencia no la tiene. Las ceremonias públicas pueden honrar el duelo, la esperanza, el servicio y la memoria nacional a través del lenguaje que comparten los ciudadanos, la igualdad democrática, la dignidad humana y la Constitución. Los creyentes no pierden nada cuando el poder oficial deja de tomar prestada la autoridad sagrada.

Colombia no necesita un gobierno vacío de convicciones. Necesita un gobierno lo suficientemente humilde para saber que la convicción pertenece primero a los ciudadanos. Un Estado laico no es una sala fría sin valores. Sus valores son la libertad de conciencia, la ciudadanía igualitaria y la negativa a clasificar almas. Esa promesa incluye a los devotos, los dudosos y quienes creen que no hay dios. La república es más fiel a 1991 cuando nadie debe arrodillarse para entrar. Eso no es incredulidad impuesta desde arriba. Es democracia practicada a diario, a la misma altura.

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