Naciones Amazónicas Transforman Declaración de Emergencia en un Plan para la Supervivencia
Las naciones indígenas de toda la Amazonía han emitido algo más que otra advertencia. Su nuevo mandato Panamazónico exige autogobierno, territorios seguros, libre circulación transfronteriza y el fin de la extracción, replanteando la protección del bosque como una lucha por el poder, la soberanía y la supervivencia colectiva.
Un Bosque Declara Su Propia Emergencia
En Quito, la Amazonía no fue descrita como un lejano reservorio de carbono ni como un telón de fondo verde para promesas climáticas internacionales, sino como un territorio vivo bajo asedio.
Pueblos y naciones indígenas de toda la cuenca presentaron su mandato el lunes tras el duodécimo Foro Social Panamazónico, o FOSPA, realizado en Ecuador la semana anterior. El documento declara a la Amazonía en estado de emergencia y establece un programa centrado en la autodeterminación, gobiernos indígenas fortalecidos y control sobre los territorios ancestrales.
El diagnóstico es grave. La minería legal e ilegal, la extracción petrolera, el agronegocio, el narcotráfico, la expansión vial, los proyectos hidroeléctricos y la deforestación avanzan juntos, señala la declaración. El cambio climático agrava esas presiones, mientras que lo que los firmantes llaman “falsas soluciones” corren el riesgo de reproducir la extracción bajo un lenguaje más verde. En conjunto, están empujando al bosque hacia un punto de no retorno.
Esa frase suele describir el colapso ecológico. FOSPA le da un significado político. Un punto de no retorno también puede llegar cuando las comunidades pierden suficiente tierra, lengua y autoridad como para que la vida territorial ya no pueda reconstruirse en sus propios términos.
“Nuestro territorio no es mercancía”, dijo a EFE el líder andoa Daniel Dagua. “Es un territorio de respeto, sagrado, donde tenemos nuestra educación, salud y soberanía.”
Los gobiernos y las empresas suelen valorar la Amazonía por lo que se puede extraer de ella o calcular a través de ella. Las naciones indígenas la valoran como el lugar donde ya existen instituciones, memoria y vida cotidiana. La tierra no es simplemente un activo a la espera de regulación. Es la base de una sociedad.
Por eso, la declaración de emergencia pide más que protección contra taladros o motosierras. Exige el reconocimiento de los gobiernos, economías y sistemas de conocimiento indígenas, junto con la restauración cuando los territorios han sido dañados.
Fronteras Trazadas Sobre Naciones Vivas
Una de las demandas más trascendentales del mandato tiene que ver con la movilidad.
Muchos pueblos amazónicos existían mucho antes que las repúblicas que dividieron la cuenca. Las fronteras estatales convirtieron a familiares, rutas de comercio y paisajes ceremoniales en cruces internacionales. Un río que antes conectaba comunidades podía convertirse en una línea aduanera.
FOSPA sostiene que la autodeterminación debe ser, por tanto, transnacional. Las naciones participantes exigen libre paso a través de fronteras estatales y mecanismos de coordinación, incluyendo guardias indígenas y sistemas comunitarios de monitoreo y defensa territorial.
Esto desafía un hábito básico de los estados latinoamericanos, que a menudo han tratado el territorio indígena como un espacio interno a administrar, en vez de una geografía política con autoridad propia. El mandato pide a los gobiernos reconocer que una nación puede estar dividida por fronteras sin dejar de ser una sola nación.
El foro exigió títulos de propiedad efectivos, límites claros y seguridad jurídica, así como acciones contra invasiones y despojos. También pidió suspender concesiones y actividades extractivas que amenacen tierras indígenas.
“No permitiremos ni un paso más al extractivismo ni que el Estado nos someta”, dijo a EFE la vicepresidenta waorani Ene Namquimo, advirtiendo que las comunidades vigilarán el cumplimiento.
La titulación de tierras puede sonar técnica, pero en la Amazonía determina quién puede decir no. Sin límites exigibles, la consulta puede convertirse en teatro. Una comunidad puede ser invitada a opinar después de que un proyecto ya ha sido planificado, financiado y aprobado políticamente.
La declaración insiste en que el consentimiento libre, previo e informado no debe convertirse en una herramienta para legitimar decisiones, dividir comunidades o manipularlas para aceptar nuevas fronteras extractivas. También exige la aplicación de fallos nacionales e interamericanos favorables, ya que los derechos reconocidos en papel suelen debilitarse por la demora.
La protección para los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial es tratada como urgente. Para ellos, una carretera ilegal, un campamento minero o una operación petrolera puede traer despojo, enfermedad, violencia y un contacto irreversible.
Conservación Sin Control Colonial
La crítica del foro va más allá de las industrias extractivas convencionales. Los participantes rechazaron áreas protegidas impuestas sobre sus territorios sin su autoridad, así como la criminalización de líderes, comunicadores y defensores de la naturaleza.
Esa postura cuestiona la suposición de que la conservación es automáticamente justa. Un bosque puede estar protegido en un mapa gubernamental mientras las personas que lo cuidaron son restringidas, desplazadas o tratadas como intrusas. FOSPA rechaza ese modelo, en el que instituciones externas reclaman la tutela mientras los habitantes indígenas pierden poder de decisión.
La misma lógica da forma a su llamado a una transición justa. La declaración propone una Amazonía libre de explotación de combustibles fósiles y extractivismo, pero no pide que las comunidades absorban los costos de una transición diseñada en otro lugar. Exige financiamiento directo para las economías territoriales y participación efectiva de las mujeres indígenas.
El dinero climático suele pasar por gobiernos, grandes organizaciones e intermediarios antes de llegar a las comunidades. El mandato busca revertir esa ruta. Quienes defienden el bosque no deben ser los destinatarios finales del plan de otros. Deben ayudar a definir el plan y controlar los recursos.
La educación es parte de esa lucha. El foro llamó a los estados a fortalecer la educación indígena, la transmisión intergeneracional de conocimientos y la protección contra violaciones a la propiedad intelectual colectiva. Cuando los mayores no pueden transmitir lenguas, saberes medicinales o memoria territorial, la pérdida ambiental se acelera de formas que los satélites no pueden medir.
Los participantes también acordaron crear un mecanismo Panamazónico a través de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, conocida como COICA, para proteger a líderes y defensores territoriales. El próximo encuentro se realizará en Colombia.
El mandato que sale de Quito es ambicioso porque el peligro es acumulativo. Conecta una mina, una carretera, un puesto fronterizo, una consulta manipulada y un líder amenazado como partes de un mismo sistema.
Su argumento es simple, pero nada modesto: la Amazonía no puede salvarse mientras sus pueblos sean gobernados como obstáculos dentro de su propio hogar.
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