México rastrea teléfonos de Ayotzinapa hasta funerarias y una comisaría de Iguala
Doce años después de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, teléfonos celulares reutilizados están llevando a los investigadores mexicanos hasta funerarias y una comisaría de policía. Registros examinados recientemente conectan a personas y lugares, pero las familias todavía esperan pruebas que permitan convertir una nueva pista en una respuesta.
Los teléfonos cambiaron de manos.
Ocho días después de los ataques en Iguala, el teléfono celular de uno de los estudiantes estaba siendo utilizado por un empresario funerario. Esta es la secuencia que los fiscales mexicanos aseguran haber reconstruido, siguiendo una posible pista a través de un objeto cotidiano que sobrevivió a la muerte de su propietario.
El teléfono pertenecía a Julio César Mondragón Fuentes, asesinado durante los ataques de septiembre de 2014. Él no era uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Los investigadores señalan que un empresario identificado como Rodolfo utilizó su dispositivo el 4 de octubre, una conexión que ayudó a orientar las búsquedas hacia instalaciones funerarias.
Durante una conferencia de prensa el lunes, el fiscal Mauricio Pazarán explicó que se realizó un nuevo análisis de los registros telefónicos correspondientes a 2014 y 2015. El análisis identificó a 17 personas que no habían sido investigadas anteriormente y reconstruyó contactos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, funcionarios públicos y civiles. “Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces y cuándo”, afirmó Pazarán, según declaraciones reportadas por EFE. Los investigadores señalan que la familia de Rodolfo también operaba el Servicio Médico Forense de Iguala, conocido como Semefo, y tenía intereses en el cementerio municipal.
Esa coincidencia da relevancia a la pista telefónica. La investigación alcanza negocios e instituciones encargadas del manejo de cuerpos y registros de entierros, y no solamente a personas sospechosas de portar armas. Los fiscales están examinando si Guerreros Unidos utilizó esa red para hacer desaparecer evidencias.
Los registros establecen conexiones que los investigadores pueden contrastar con testimonios. Sin embargo, no demuestran que un estudiante haya acompañado a un teléfono después de que este pasara a manos de otra persona. Seguir el recorrido de un dispositivo requiere reconstruir cada uno de sus cambios de propietario o usuario.
Dentro del rastro documental
En la Funeraria El Ángel, los investigadores informaron haber encontrado un fragmento óseo dentro de un cajón y un crematorio que no estaba registrado. También recuperaron un arma de fuego y documentación relacionada con el traslado y entierro de cuerpos, incluidas autorizaciones de inhumación firmadas y selladas, pero que permanecían en blanco.
Una autorización en blanco deja sin registrar los datos fundamentales, aunque conserva la apariencia de una aprobación oficial. El hallazgo plantea una pregunta concreta para los investigadores: si los procedimientos destinados a documentar una muerte pudieron haber sido utilizados, en cambio, para ocultar lo ocurrido con una persona.
Nuevos registros en la funeraria y en el Semefo produjeron 23 hallazgos reportados, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos. El Equipo Argentino de Antropología Forense participa en los análisis. Las autoridades informaron que siete personas relacionadas con esta línea de investigación enfrentan procesos judiciales.
Veintitrés hallazgos no significan 23 víctimas. Cientos de fragmentos no establecen que haya habido cientos de cuerpos. Los reportes no anuncian ninguna identificación que vincule estos materiales con los estudiantes desaparecidos. Para las familias, esta distinción separa un descubrimiento potencialmente importante de la confirmación de la muerte de un hijo.
La explicación oficial inicial situó a los 43 estudiantes en un basurero de Cocula, donde las autoridades afirmaron que sus cuerpos fueron incinerados. Expertos internacionales independientes cuestionaron posteriormente esa versión. La hipótesis de las funerarias requiere sus propias pruebas; la existencia de un crematorio, por sí sola, no puede determinar qué ocurrió allí en septiembre de 2014. Las nuevas pistas son relevantes porque ofrecen lugares, personas y registros específicos que pueden ser investigados, en lugar de simplemente presentar otra versión de lo ocurrido aquella noche.
La segunda prioridad es la instalación de detención de la policía municipal de Iguala, conocida como Barandilla. Los investigadores están analizando si aproximadamente 17 estudiantes pasaron por allí antes de ser trasladados a otro lugar. Esto correspondería a cerca del 40 % del grupo desaparecido, pero no explicaría el destino de los 43. Siete testimonios respaldan esta línea de investigación: cuatro de agentes municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y uno de un sobreviviente. Los investigadores también rastrearon el teléfono de Israel Caballero Sánchez, cuyo dispositivo posteriormente fue utilizado por la esposa de un exfuncionario público.
Las autoridades señalan que estos elementos contradicen el relato de José Ulises Bernabé, quien afirmó que aquella noche solo ingresaron seis detenidos y que ninguno de ellos era estudiante. México ha solicitado su extradición desde Estados Unidos. Determinar quiénes ingresaron a la comisaría podría permitir avanzar hacia la siguiente pregunta: quién asumió su custodia posteriormente.
Millones de páginas, respuestas que siguen faltando
El caso en su conjunto involucra actualmente a 168 personas sometidas a procesos judiciales, incluidas 130 que permanecen en prisión, según la unidad de investigación. Esto significa que aproximadamente el 77 % se encuentra encarcelado, pero esa proporción mide detenciones, no condenas. Las autoridades reportan 30 detenciones desde octubre de 2024 y procesos penales contra 17 militares. Los casos relacionados con las Fuerzas Armadas mantienen la responsabilidad federal dentro de la investigación, mientras las últimas pistas se concentran en oficinas municipales y negocios privados. Estas investigaciones se suman a los procesos existentes, en lugar de reemplazarlos.
Los expedientes contienen aproximadamente cinco millones de páginas, de las cuales casi el 90 % ya ha sido digitalizado. Esto equivale a unos 4,5 millones de páginas convertidas a formato digital, mientras que alrededor de medio millón permanecen pendientes. El acceso digital puede facilitar la comparación de registros dispersos; el nuevo análisis de los teléfonos demuestra por qué resulta relevante volver a examinar material existente. Los investigadores también informan que han trabajado en 1.931 sitios de búsqueda desde 2019. Ni la cantidad de páginas procesadas ni el número de lugares registrados permiten establecer qué porcentaje del caso ha sido resuelto. El cambio relevante es determinar si diferentes pistas pueden conectarse para construir un relato respaldado por evidencia.
Las autoridades han iniciado conversaciones con la oficina de derechos humanos de la ONU sobre la participación de expertos independientes, mientras rechazan el regreso del anterior Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La participación continua del Equipo Argentino de Antropología Forense constituye un proceso separado de ese posible mecanismo.
Para las familias, ha pasado otro aniversario sin una explicación completa sobre el destino de los estudiantes. Un teléfono reutilizado puede identificar a una persona a la que los investigadores pueden interrogar. Un formulario de entierro en blanco puede señalar un procedimiento que debe ser investigado. Ninguno de los dos puede decir todavía a un padre dónde encontrar a su hijo.
