Colombia recupera hacienda paramilitar mientras campesinos siembran un nuevo futuro
En La Palmira, en Córdoba, una finca marcada por la violencia y antes ligada al poder armado se está convirtiendo en tierra agrícola para casi 100 familias, poniendo a prueba si la reforma agraria de Colombia puede sobrevivir a la transición política, la resistencia legal y la violencia que durante tanto tiempo ha protegido la desigualdad rural.
El largo camino de regreso a La Palmira
El trayecto desde Pueblo Nuevo toma más de dos horas, en su mayoría por caminos de tierra. Vehículos policiales, funcionarios y campesinos avanzan juntos hacia una casa que parece detenida en el tiempo. El techo de zinc está oxidado. La pintura blanca se desprende de las paredes. La maleza ha devorado los jardines.
En el interior, un mapa satelital reposa sobre una mesa de madera. La Palmira abarca casi 2.000 hectáreas. Junto al mapa, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, lee la resolución que restituye el control estatal sobre la finca.
El lenguaje es burocrático. Las implicaciones, no.
Para casi 100 familias campesinas, el documento ofrece una segunda oportunidad de acceder a una tierra que ya les había sido adjudicada pero seguía fuera de su alcance. Acciones judiciales, disputas de linderos y amenazas denunciadas bloquearon su ocupación después de que la agencia asignara La Palmira a organizaciones campesinas en julio de 2025. El Estado tenía el título. Otros seguían controlando la entrada.
La Palmira ingresó al Fondo de Reparación de Víctimas después de que el excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, la identificara como uno de los bienes entregados por las Autodefensas Unidas de Colombia. Afirmó que la finca había servido como base para las operaciones armadas y financieras del grupo. Sin embargo, durante años, ocupantes privados continuaron explotándola sin ser propietarios, mientras el Estado no recaudaba nada para las víctimas.
Esa contradicción es el problema agrario de Colombia en miniatura. La ley puede reconocer a un propietario, pero actores armados o con conexiones políticas siguen decidiendo quién cruza la cerca. Harman dijo a EFE que La Palmira representa una inversión de doble propósito: tierra para los campesinos y recursos para las víctimas del conflicto.
La agencia regresó para restablecer el control, asegurar un derecho de paso por una propiedad vecina y garantizar el acceso comunitario. Un camino transitable y un límite reconocido determinan si la reforma existe más allá del papel.
Santiago Manuel Arroyo Rivera observa los potreros cubiertos de maleza e imagina cultivos. Representa a Raíces de San José de Cintura, una organización campesina de una vereda cercana. “Cintura no ha cosechado desde hace mucho porque no tenía dónde hacerlo”, dijo a EFE.
Él y otras 97 familias esperan sembrar maíz, ñame y arroz. Dividida equitativamente, la finca ofrecería unas 20 hectáreas por familia, aunque los caminos, el agua y el suelo determinarán la asignación real. La escala podría permitir más que la subsistencia. Arroyo dijo a EFE que buscan una canasta alimentaria regional.
Por ahora, gran parte de La Palmira produce casi nada. Tras recorrer más de 1.100 hectáreas, Harman dijo que los funcionarios solo encontraron algunos búfalos y caballos entre la maleza. El vacío es revelador. Una vasta finca permanecía ociosa mientras familias cercanas buscaban tierra.
Una reforma que se mide en más que hectáreas
El gobierno de Petro presenta La Palmira como el emblema final de su reforma agraria antes de dejar el cargo el 7 de agosto. Las cifras oficiales son sustanciales: más de 2,28 millones de hectáreas formalizadas mediante unos 41.000 títulos rurales, 351.000 hectáreas entregadas a familias campesinas y comunidades étnicas, y otras 806.081 incorporadas al Fondo de Tierras.
Esas categorías describen distintos tipos de avance. La formalización reconoce a personas que ya pueden ocupar la tierra. La entrega cambia quién puede usarla. La incorporación crea un inventario, pero no significa que una familia esté cultivando cada hectárea. Combinarlas en un solo total triunfal borraría la distancia entre un expediente firmado y un campo sembrado.
La administración también reporta haber recuperado más de 550 predios que suman unas 109.000 hectáreas de narcotraficantes, redes paramilitares, testaferros y ocupantes ilegales. Creó 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y siete Territorios Campesinos Agroalimentarios, e invirtió cerca de 8 billones de pesos, unos 2.470 millones de dólares, en acceso y distribución de tierras.
Las cifras muestran una capacidad estatal y un gasto inusuales, así como el tamaño de la tarea pendiente. Harman dijo a EFE: “Avanzamos sustancialmente hacia ese propósito, pero insisto de nuevo: no es suficiente”. Su formulación más tajante fue política. “El gran latifundio en Colombia no tiene seguridad jurídica; lo que tiene son amigos poderosos”, afirmó.
Esa frase trasciende a Colombia. En toda América Latina, el latifundio rara vez ha sido solo una gran extensión. Ha vinculado la tierra al crédito, el poder local, la policía, el trabajo y el prestigio. Donde las instituciones son débiles, la superficie se convierte en autoridad. La reforma desestabiliza las redes que deciden quién es contratado, quién es escuchado y quién es obligado a irse por miedo.
Los críticos señalan debilidades. Grupos campesinos bloquearon recientemente vías en Cesar para protestar por demoras en los títulos de predios ya asignados. Líderes de la oposición dicen que algunas tierras se anunciaron como entregadas antes de que los beneficiarios tuvieran documentos finales y garantías de ocupación. Estas quejas importan. Una reforma que cuenta hectáreas más rápido de lo que asegura la posesión crea beneficiarios vulnerables y expectativas infladas.
Pero el papeleo es solo la mitad de la prueba. La Palmira muestra por qué la perfección administrativa no puede, por sí sola, derrotar el poder territorial. La finca entró a un fondo de víctimas, fue adjudicada a campesinos y aun así requirió otra operación estatal para abrir el camino. Cada paso ofreció retrasos, litigios e intimidaciones, otra oportunidad para intervenir.
El próximo gobierno hereda el riesgo
Un policía que custodia la finca no es, por tanto, incidental en la historia. Es evidencia del dilema de la reforma. Harman dijo a EFE: “La violencia no pide papeles en Colombia. La violencia llega por la fuerza.”
La agencia afirma que cinco comunidades campesinas en predios recuperados por el Estado en departamentos como Córdoba y Nariño han enfrentado amenazas. Harman ha instado al gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella a que aclare si continuará con la redistribución de tierras y protegerá a las comunidades ya asentadas o que se preparan para ingresar.
Esa transición determinará si las cifras del gobierno Petro se convierten en un cambio rural duradero o en un registro de intenciones en disputa. Los predios siguen registrados a nombre de la Agencia Nacional de Tierras. Pero el blindaje legal depende de instituciones dispuestas a defenderlo. Los presupuestos pueden recortarse. La seguridad puede desaparecer. Los casos pueden estancarse. Los funcionarios locales pueden mirar hacia otro lado.
Para América Latina, la lección es conocida. La reforma agraria suele juzgarse en el momento de la compra o la entrega, cuando los funcionarios posan junto a mapas y las familias sostienen documentos. La fase decisiva llega después, cuando hay que mantener caminos, extender créditos, asegurar cosechas, acceder a mercados y resistir la presión armada. La tierra sin apoyo puede convertirse en una nueva geografía de la desilusión.
La Palmira conlleva una obligación moral porque pertenece a la reparación de víctimas. Convertir un antiguo bien paramilitar en tierra productiva es más que redistribución. Invierte el sentido del valor. Un lugar asociado a la coerción y las finanzas ilícitas puede generar alimentos, ingresos y recursos reparadores. Esa promesa es poderosa porque sigue siendo incierta.
Cerca de la casa abandonada, los campesinos no hablan en abstracto. Hablan de volver a sembrar. Maíz. Ñame. Arroz. Cultivos de nombres cortos e historias largas, productos que unen el campo caribeño con cocinas, mercados y la memoria familiar.
Una resolución recuperó la finca para el Estado. Policías y topógrafos reabrieron la ruta. Pero la recuperación más profunda solo comienza cuando las familias pueden entrar sin miedo, quedarse toda la temporada y cosechar lo que siembran. En el campo colombiano, esa secuencia ordinaria sería algo cercano a lo revolucionario.
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