Colombia vota mientras las bombas preguntan quién manda realmente en la nación

Un atentado que mató a civiles en el suroeste de Colombia irrumpió en la campaña presidencial, exponiendo cómo la violencia armada sigue torciendo el debate democrático, castiga la confianza pública y proyecta la pesadilla más antigua de América Latina en un mundo que observa las elecciones con temor por la seguridad.

Cuando la sangre llega a la campaña

En Colombia, la violencia nunca se queda solo donde explota. Sale del camino, del túnel, del pueblo, del borde destrozado de una carretera y asciende hacia los discursos, las acusaciones, el tembloroso centro de la vida democrática. Eso fue lo que ocurrió tras el ataque guerrillero con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, que dejó al menos 19 civiles muertos en Cajibío, en el Cauca. Lo que comenzó como una atrocidad contra gente común se convirtió rápidamente en parte del debate sobre quién debe gobernar el país y qué tipo de Estado sigue siendo Colombia.

Según reportes y entrevistas de EFE, el ataque, atribuido por las autoridades a disidencias de las antiguas FARC, ha intensificado el debate político sobre el conflicto armado y la paz, a solo 36 días de las elecciones presidenciales. Ese momento no es casual. En una democracia ya marcada por el miedo, la memoria y promesas incumplidas, un ataque como este hace más que horrorizar. Redefine el clima emocional de la campaña.

Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, condenó el ataque y expresó su “más enérgico rechazo” a lo que calificó como actos de barbarie contra la población civil. Pero también planteó lo que describió como una “preocupación legítima” sobre si estos hechos buscan generar un clima de miedo que beneficie a sectores de la extrema derecha durante el proceso electoral. Agregó en redes sociales que era “profundamente preocupante” que estas acciones terroristas se estén dando en regiones del sur donde hay un amplio respaldo ciudadano a su proyecto político.

Desde el otro lado, Paloma Valencia, del opositor de derecha Centro Democrático, rechazó la interpretación de Cepeda y lo acusó de desviar la atención. Argumentó que la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro ha fracasado y es responsable del deterioro del orden público. “El país no merece que usted desvíe la atención insinuando que esto busca beneficiar a sectores políticos. Llegó la hora de asumir, en términos claros, que la paz total fracasó”, respondió Valencia a Cepeda en X, según EFE.

Lo importante aquí no es solo quién tiene razón. Es un hecho que la masacre se convirtió de inmediato en lenguaje político. En una democracia más sana, el duelo impondría brevemente una seriedad cívica común antes de que se reanude la lucha partidista. En Colombia, la lucha partidista llega casi de inmediato porque la violencia nunca es solo un problema de seguridad. Siempre es un arma de interpretación.

La paz a prueba ante los votantes

Eso es lo que hace que este momento sea tan decisivo para la democracia colombiana. El ataque no ocurrió en un campo político vacío. Golpeó directamente la gran pregunta sin resolver de la presidencia de Petro: si la estrategia de “paz total” podría reducir la violencia armada mediante el diálogo, la negociación y la sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. El texto fuente es claro en que la política incluyó diálogos con el ELN que no llegaron a buen puerto, negociaciones con disidencias de las FARC y esfuerzos con bandas como el Clan del Golfo, todo sin resultados tangibles hasta ahora.

Ese historial ahora pesa sobre la elección como una nube de tormenta. Abelardo de la Espriella, candidato ultraderechista de Firmes por la Patria, dijo que la reciente violencia es consecuencia directa de esa estrategia y propuso una “guerra frontal, sin tregua ni negociación” contra los grupos armados ilegales. En un comunicado de su campaña, afirmó que no se trata de hechos aislados sino de un plan de desestabilización vinculado al desgobierno de Petro y sus cómplices. Sergio Fajardo, desde el centro, expresó solidaridad con las víctimas y dijo que “Colombia vuelve a sangrar”, mientras argumentaba que la política de seguridad del gobierno ha debilitado la autoridad estatal y requiere una revisión urgente. El expresidente Iván Duque también se sumó a las críticas, diciendo que los hechos recientes reflejan las consecuencias de una política de apaciguamiento que ha debilitado la seguridad y reducido la capacidad ofensiva del Estado.

Para la democracia, esto significa algo aleccionador. Colombia entra en la fase decisiva de una elección presidencial con la violencia armada marcando una vez más los términos de la conversación política. Los candidatos no solo debaten impuestos, instituciones u obras públicas. Debaten si el Estado ha cedido demasiado, si el miedo está siendo manipulado políticamente y si la paz misma se ha convertido en una palabra peligrosa. Eso es señal de fragilidad democrática.

Una democracia es más fuerte cuando los ciudadanos pueden juzgar proyectos rivales por sus méritos sin que el ruido de la coerción armada distorsione el campo. A Colombia se le sigue negando ese espacio limpio. Cuando estallan bombas y la campaña se convierte de inmediato en una lucha de culpas, sospechas y doctrinas de seguridad, la democracia se ve obligada a respirar con un pulmón perforado. Sigue funcionando, pero bajo presión, con el miedo dentro del recinto.

El dolor se agudiza porque las víctimas eran civiles. Eso importa moralmente, por supuesto, pero también políticamente. Las muertes de civiles envían el mensaje de que nadie está fuera de la lógica del conflicto. Le dicen al electorado que incluso la vida común sigue siendo vulnerable, que la promesa de normalidad democrática aún está incompleta. En ese ambiente, el lenguaje de mano dura gana fuerza, el compromiso suena más débil y la confianza pública se fractura con mayor facilidad.

Una herida colombiana con ecos regionales

El atentado en Cajibío también ocurrió en medio de una ola más amplia de hechos violentos en el sureste. En los últimos días también hubo ataques con cilindros bomba contra unidades militares en Cali y Palmira que no dejaron víctimas, así como un atentado contra un radar de la Aeronáutica Civil en Cerro Santana, en El Tambo, todos atribuidos por el Ejército a los grupos que conforman el Estado Mayor Central, la principal estructura disidente de las FARC liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. Este patrón es importante porque sugiere alcance, coordinación y la capacidad de presionar tanto la vida civil como la infraestructura estatal al mismo tiempo.

Para la geopolítica latinoamericana, eso es una advertencia. Colombia ha sido durante mucho tiempo una de las principales pruebas en la región sobre si una democracia puede coexistir con una fragmentación armada persistente sin deformarse por ello. Cuando la violencia se dispara durante una elección y los candidatos se dividen de inmediato en campos de sospecha, fracaso y mano dura, otros países de la región observan. Ven un caso que puede fortalecer los argumentos a favor de políticas de seguridad más duras, debilitar la fe en las negociaciones y reforzar la idea de que los actores armados aún tienen el poder de influir en la vida pública sin jamás postularse a cargos.

Para la geopolítica mundial, el mensaje también es claro. Colombia no es solo otra elección nacional. Es uno de los lugares que el mundo estudia para entender si los sistemas democráticos pueden sobrevivir en medio de remanentes insurgentes, estructuras criminales y esfuerzos de paz frágiles. Lo ocurrido en Cajibío dice que la respuesta sigue siendo dolorosamente incierta. Los grupos armados no necesitan capturar el Estado para moldear el ambiente político del Estado. Solo necesitan demostrar que aún pueden matar, aún pueden asustar y aún pueden obligar a los candidatos a hablar bajo su sombra.

Esa es la herida democrática más profunda aquí. La bomba no solo destruye cuerpos. Coloniza la campaña. Estrecha la imaginación. Presiona a los votantes hacia el miedo y a los líderes hacia una retórica más dura. Colombia celebrará su elección. Pero, una vez más, lo hará mientras la violencia susurra la pregunta más fea que puede escuchar una democracia: ¿quién manda realmente?

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