Perú cuenta tan lento que hace que las elecciones parezcan sucias

El desastre electoral de Perú no se trata solo de papeletas faltantes o conteos retrasados. Se trata de una democracia que sigue produciendo fallas procedimentales tan absurdas y extremas que, incluso sin pruebas de fraude, la confianza pública comienza a pudrirse por sí sola.

Cuando un voto no encuentra una papeleta

Existen crisis electorales nacidas de la ideología, de la polarización, del sabotaje deliberado, del viejo y brutal arte de robar la voluntad de un pueblo a plena vista. Y luego hay crisis como esta en Perú, que en cierto modo se sienten aún peores porque surgen de algo tan humillantemente básico. Las papeletas no llegaron. La votación del 12 de abril tuvo que extenderse a otro día por esa falla. Más de 52,000 peruanos no pudieron votar porque las papeletas no llegaron a más de una docena de centros de votación en Lima. El jefe de la oficina electoral renunció. Luego, la policía allanó su casa y las de exfuncionarios y el representante legal de la empresa encargada de transportar las papeletas, en un caso vinculado a un presunto delito de colusión. Nada de eso prueba fraude. Pero crea el tipo de espectáculo en el que el público tendría que ser ingenuo para no al menos considerarlo.

Esa es la verdadera herida aquí. La democracia depende no solo de la honestidad, sino de la competencia visible. Depende de que los ciudadanos puedan mirar una elección y sentir que, más allá de su enojo o decepción, al menos la maquinaria puede contar, entregar e informar sin convertirse en una farsa nacional. Perú, en cambio, ha producido un escenario que parece casi hecho a medida para invitar a la sospecha. Una entrega fallida de papeletas. Una renuncia enmarcada en “problemas focalizados”. Un allanamiento. Una investigación. Una segunda vuelta en el horizonte. Finalistas aún no definidos. El Estado puede insistir en que el proceso sigue siendo legalmente intacto. Sin embargo, simbólicamente, ya les ha dicho a los votantes algo más feo: que su voto puede ser retrasado, extraviado y administrativamente mal manejado de formas tan absurdas que la fe se vuelve una carga en vez de un reflejo cívico.

Corvetto, en su carta de renuncia, dijo que daba un paso al costado para que la segunda vuelta del 7 de junio pudiera organizarse “en un contexto de mayor confianza ciudadana”. Esa frase merece atención porque admite silenciosamente el problema central. La confianza ya está lo suficientemente rota como para requerir reparación como objetivo explícito. Y la confianza no se restaura pidiendo a la gente que tenga paciencia mientras las mismas instituciones que no entregaron las papeletas ahora piden ser confiables para una segunda vuelta, cuyos participantes ni siquiera estaban plenamente confirmados al momento del informe.

La absurdidad es la mejor amiga del fraude

El aspecto más preocupante de la situación en Perú es que unas elecciones limpias pueden volverse democráticamente tóxicas cuando están envueltas en caos operativo. Esa es una verdad dolorosa en América Latina, donde a menudo se les dice a los ciudadanos que deben elegir entre la fragilidad institucional y el cinismo abierto. Cuando una elección es administrada con tanta torpeza que decenas de miles no pueden votar, cuando un funcionario clave renuncia bajo presión, cuando la policía y los fiscales allanan casas por presunta colusión relacionada con el traslado de papeletas, el problema ya no es solo de legalidad. Se vuelve plausible. La gente empieza a preguntarse no solo si hubo fraude, sino también si el sistema es tan disfuncional que el fraude sería fácil de ocultar entre tanto ruido.

Por eso el problema no puede ser minimizado como un simple error técnico. Los errores técnicos en elecciones son hechos políticos. Moldean lo que los ciudadanos piensan que el Estado es capaz de hacer de manera justa. Las autoridades electorales de Perú aún pueden ser capaces de producir un resultado legal. El problema es que la legalidad por sí sola no puede rescatar un proceso que cada vez parece más ridículo en movimiento. El ridículo no es inofensivo en una democracia. Es corrosivo. Una vez que una elección se vuelve risiblemente incompetente, la sospecha entra por la puerta lateral y nunca se va del todo. Incluso quienes quieren creer que el conteo es limpio se ven forzados a una fea conversación interna. Si no pueden llevar las papeletas, si los resultados avanzan tan lento, si el responsable renuncia y luego es allanado, ¿exactamente en qué se nos pide confiar?

Los números de la contienda hacen que el daño sea aún más agudo. Con el 95.1% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lideraba con 17.05%, Roberto Sánchez iba segundo con 12.03% y Rafael López Aliaga le seguía de cerca con 11.90%, según la ONPE. Este no es un escenario donde la demora se sienta neutral. Es un campo ajustado y lleno de suspenso en el que cada falla administrativa adquiere dientes. dientes. El tribunal electoral de Perú dijo que el 15 de mayo sería la fecha límite para anunciar a los dos candidatos que competirían en la segunda vuelta. Ese tipo de espera podría ser soportable en un clima de amplia confianza. En un clima marcado por papeletas faltantes e investigación penal, se vuelve combustible.

Una segunda vuelta construida sobre la sospecha

El propio texto fuente señala que los resultados de Perú son más lentos que los de otros países de la región. También recuerda que en las elecciones presidenciales de 2021, el tribunal anunció el resultado el 18 de mayo, treinta y siete días después de la primera vuelta del 11 de abril de ese año. Sin embargo, en ese momento, la brecha entre el segundo y el tercer lugar era amplia desde el inicio, y no existía el suspenso actual. Esa comparación importa porque elimina la excusa de que Perú solo está experimentando una demora rutinaria. Contar lento es una cosa. Contar lento en una contienda cerrada, tras escasez de papeletas, críticas públicas, renuncia e investigación, es algo completamente distinto. Deja de parecer un procedimiento y empieza a parecer incapacidad.

Y la incapacidad, en una democracia, puede ser tan desestabilizadora como la mala fe. Los ciudadanos no experimentan las instituciones como entidades legales abstractas. Las viven como sistemas que funcionan o fallan en el momento que importa. Una persona que no pudo votar porque la papeleta nunca llegó no necesita un seminario sobre complejidad institucional. Esa persona entiende una verdad más brutal. El Estado tenía un solo trabajo ese día y no lo hizo. Multiplique ese sentimiento por decenas de miles de votantes, luego sume un allanamiento a la casa del exjefe electoral, luego agregue semanas de suspenso sobre quién siquiera llegó a la segunda vuelta, y el mensaje simbólico se vuelve devastador. Perú puede no haber probado fraude, pero ha construido una escena tan desordenada que el fraude se vuelve imposible de sacar de la imaginación nacional.

Esa es la opinión que el momento impone. Incluso si el proceso fuera finalmente limpio en el sentido legal más estricto, la absurdidad de su administración ya lo ha desfigurado. Las democracias no sobreviven solo con inocencia forense. Sobreviven pareciendo coherentes, competentes y confiables al ejecutar la voluntad del pueblo. Las autoridades electorales de Perú, al menos en este episodio, han fallado esa prueba de la manera más pública posible. No solo han contado lento. Han hecho que el propio conteo parezca sospechoso. Y una vez que una democracia llega a ese punto, el daño es mayor que un funcionario, un allanamiento o una segunda vuelta. Se instala en el torrente cívico, donde cada resultado futuro llega ya ensombrecido por el recuerdo de que este país alguna vez luchó por hacer lo más simple de todo: poner papeletas donde hay votantes.

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