Los bloqueos en Bolivia se vuelven en contra mientras Paz enfrenta el dilema del estado de emergencia

La crisis de los bloqueos en Bolivia se ha trasladado de las carreteras de montaña al corazón cívico de La Paz, donde ciudadanos que exigen poderes de emergencia ahora exponen el problema más profundo del presidente Rodrigo Paz: una coalición de gobierno que se resquebraja bajo la inflación, alimentando la ira y las esperanzas traicionadas en la Bolivia post-MAS de hoy.

Una plaza pide orden

La consigna en La Paz era lo suficientemente directa como para caber en una pared: trabajo sí, bloqueo no. Resonó esta semana desde la histórica plaza San Francisco, donde grupos cívicos, comerciantes, mineros, organizaciones religiosas y plataformas vecinales se reunieron para un cabildo, la antigua forma latinoamericana de asamblea pública que puede sentirse parte reunión de pueblo, parte señal de advertencia.

Según EFE, cientos de ciudadanos de diversas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia que declare un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras que persisten desde principios de mayo, con protestas lideradas por sindicatos campesinos, trabajadores y simpatizantes del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz.

No fue solo una manifestación contra los bloqueos. Fue una manifestación contra el ahogo. Las ciudades se han quedado sin alimentos, combustible y suministros médicos. Al menos diez personas han muerto en el conflicto, incluyendo siete que, según se informa, no pudieron recibir atención médica a tiempo porque las carreteras estaban cortadas. Las pérdidas económicas han superado los 2.340 millones de dólares, una cifra que en Bolivia no tarda en dejar de ser abstracta. Se convierte en un puesto sin productos, un taxi sin gasolina, una clínica esperando oxígeno, una familia calculando si el país se ha vuelto otra vez más grande que el Estado que dice gobernarlo.

La demanda de un estado de emergencia conlleva su propio peligro. En América Latina, los estados de excepción nunca son solo herramientas legales. Llegan con recuerdos adjuntos. Soldados en las calles. Derechos suspendidos. Una promesa de que la fuerza será temporal, seguida de la pregunta familiar de quién decide cuándo termina lo temporal.

Aun así, la multitud en San Francisco no hablaba desde un manual. Su enojo venía de la interrupción diaria. La proclama final, leída por Leonel Cóndor Huayra del Comité Multisectorial de La Paz, criticó los bloqueos como forma de protesta, exigió la renuncia de “malos dirigentes”, pidió acciones contra Morales e incluso solicitó la renuncia del vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado opositor al gobierno.

Paz ya ha firmado una ley que regula los estados de excepción, permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas en el control de protestas. Pero la medida no es automática. Aún requiere un decreto y validación legislativa. Ese detalle importa. Bolivia no está simplemente eligiendo entre orden y caos. Está poniendo a prueba si el procedimiento constitucional puede sobrevivir cuando el hambre, la ira y las carreteras bloqueadas empiezan a justificar la fuerza.

La coalición de Paz empieza a resquebrajarse

Desde fuera de Bolivia, la crisis es fácil de simplificar. Poner a Evo Morales en el titular. Añadir polarización izquierda-derecha. Mencionar la larga reputación de Bolivia por rupturas políticas. Y luego pasar a otro tema.

Esa versión omite la verdadera fractura. El descontento no proviene solo de los enemigos de Paz. También surge desde los márgenes sociales de la coalición que lo ayudó a ganar.

Paz, de 58 años, hijo de un expresidente, hizo campaña el año pasado como una figura centrista, ni un regreso completo al Movimiento al Socialismo de Morales ni un giro duro a la derecha, como representaba el expresidente Jorge Quiroga. Su fórmula funcionó porque parecía ofrecer una salida sin venganza. Lara, ex policía de origen humilde y con fuerte presencia en redes sociales, le dio a la campaña un voltaje anticorrupción y una voz que sonaba más cercana a la frustración común que a la negociación de élites.

Luego llegó el gobierno.

Paz se acercó a alianzas con actores políticos conservadores, incluyendo sectores empresariales y agroindustriales de Santa Cruz. Sus políticas orientadas al mercado, presentadas como remedio para el déficit fiscal y la parálisis de inversiones, empezaron a parecer, para algunos simpatizantes, como una vieja factura entregada a nuevos votantes. Lara ha pedido disculpas públicamente a los electores por promesas de campaña aún incumplidas, como evitar más deuda internacional, aumentar la pensión para adultos mayores y reformar la policía y el sistema judicial. Más grave aún, dijo que él y Paz no han hablado desde enero.

Ese silencio es políticamente estruendoso. En un país donde la representación suele ser territorial, étnica, laboral y profundamente personal, la exclusión no es solo administrativa. Es simbólica. Cuando el vicepresidente parece marginado, muchos votantes no ven chismes de palacio. Se ven a sí mismos fuera del recinto.

El mapa de los bloqueos, según se informa, se superpone con zonas que hace solo unos meses respaldaron con fuerza la fórmula Paz-Lara. Ese es el núcleo de la crisis. Muchos manifestantes no rechazan la modernización o la inversión extranjera en principio. Rechazan la sensación de que la reforma se les impone, no se construye con ellos. América Latina conoce este guion. Ajuste estructural, austeridad, rescate del mercado, disciplina fiscal, necesidad tecnocrática: el vocabulario cambia según la década. La sensación en el barrio y el camino rural suele ser la misma: otro diseñó el sacrificio.

Las quejas se han acumulado como piedras en una carretera. Los maestros marcharon hacia La Paz a principios de mayo, exigiendo mejores salarios mientras la inflación golpeaba la vida familiar. Pequeños productores marcharon contra la Ley 1720, viendo la medida agraria como una amenaza a los derechos sobre la tierra y una falta de consulta. La ley fue derogada y se espera que sea revisada. Luego llegó el escándalo por la calidad del combustible, conocido popularmente como gasolina basura, con conductores quejándose de que el mal combustible dañaba los vehículos y vaciaba los bolsillos de quienes viven del taxi, el transporte o el reparto.

Un gobierno puede sobrevivir a una crisis. Puede explicar dos. Pero cuando salarios, tierra, combustible, deuda, reforma policial y representación chocan, la explicación empieza a sonar a evasión.

América Latina escucha la advertencia

La crisis de Bolivia importa más allá de Bolivia porque muestra la siguiente etapa del problema pospopulista de la región. No basta con derrotar a un viejo partido, resistir a un caudillo carismático o prometer economía responsable. La tarea más difícil es construir un Estado que pueda pedir paciencia sin sonar a desprecio.

Morales sigue siendo poderoso como símbolo, y el gobierno lo ha acusado de fomentar la violencia y supuestamente financiar disturbios con dinero del narcotráfico, acusaciones que él niega. Sigue siendo una figura opositora influyente, aparentemente confinado al Chapare mientras enfrenta una orden de arresto relacionada con denuncias de abuso sexual a una menor. Sin embargo, tratarlo como la llave maestra de cada puerta cerrada le da más centralidad de la que la crisis en sí misma podría justificar.

El problema más profundo es la fragmentación. Bolivia después del MAS no es de repente un país tranquilo, liberal y gobernable. Es menos concentrado, más plural, más desconfiado. Eso puede ser democrático. También puede ser combustible. Cuando los partidos ya no contienen las demandas sociales, lo hacen las carreteras. Cuando las instituciones no absorben la ira, lo hacen las plazas. Cuando un gobierno pierde su coalición original más rápido de lo que puede construir una nueva, el Estado empieza a gobernar desde detrás de sacos de arena.

Las medidas de emergencia pueden despejar carreteras y darle tiempo a Paz. También pueden profundizar la herida si la gente las percibe como castigo y no como protección. Un propuesto Consejo Económico y Social podría reabrir el diálogo con los movimientos sociales. Un cambio de gabinete podría ampliar la representación y mostrar humildad. Pero nada de eso importará si los ciudadanos creen que las decisiones ya se toman en las salas de juntas de Santa Cruz, entre los insiders de La Paz o por cálculos de seguridad.

Para América Latina, la lección boliviana es clara. La estabilidad no puede importarse solo a través de los mercados. El orden no puede imponerse a gritos por ciudadanos asustados. La protesta no puede reclamar pureza moral mientras bloquea medicinas y alimentos. La democracia no puede vivir solo en las elecciones y luego desaparecer de la consulta.

En la plaza San Francisco, la demanda era que se abran los caminos. Debajo había otra demanda, más antigua y difícil: que la república vuelva a sentirse alcanzable.

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