El nuevo para nacional fue éxito total para sus organizadores, aunque no hay seguridad sobre la efectividad de estas medidas

El pasado 12 de junio, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, que aglutina a varios sectores del país, convocó a un nuevo paro nacional de 24 horas para el pasado jueves 14 de junio. El paro tenía como fin exigir el fin de la "represión" y la reanudación de un diálogo que permita resolver la crisis que ya suma más de 150 muertos, según reportes oficiales y de ONGs de Derechos Humanos. Los Obispos del país buscan retomar el diálogo desde antes del paro nacional y esperan que el gobierno de Daniel Ortega ceda ante las peticiones. Los obispos además apoyaron el paro nacional con el fin de presionar al presidente Ortega a frenar la represión y terminar con los violentos enfrentamientos que cumplen casi dos meses.

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Los organizadores del paro nacional lograron el respaldo de las grandes empresas y de los gremios más importantes, como los taxistas. Pidieron a los empleados públicos sumarse a la protesta y perder el miedo a las amenazas que sufren, como resultado el país estuvo paralizado. Comercios, carreteras y ciudades estaban desolados y no había nadie en las calles, solamente había personas en los puntos de concentración. La Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, que aglutina al sector privado, la sociedad civil, los estudiantes y los campesinos, tiene como objetivos la democratización y la institucionalidad de Nicaragua para poner fin al Gobierno de Ortega. La Alianza fue la promotora del paro.

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¿Un paro sí cambia las cosas?

El nuevo para nacional convocado en Nicaragua fue éxito total para sus organizadores. Sin embargo, para Javier Arguello -analista internacional en entrevista con CNN, si bien las protestas demuestran el descontento de la población, no significa que realmente Daniel Ortega vaya a renunciar a la presidencia. “Aunque para la Alianza Cívica considera la jornada de paro un éxito, realmente sólo se logró volver a la mesa de negociación entre las partes, pero no que Ortega va a entregar el poder.”

Para Arguello, los paros ponen en situaciones apretadas a los gobiernos, “está el caso reciente de camioneros en Brasil, profesores en Colombia, profesores en México, oposición a la reelección de Evo Morales en Bolivia, pero estos casos no tumbaron los gobiernos. Incluso el caso más relevante que es Venezuela demuestra que este tipo de manifestaciones no son recibidas con facilidad para el gobierno de turno.”

Para el analista internacional, si bien en las negociaciones se logran acuerdos, estos son realmente reducidos a comparación de lo que piden los promotores de la protesta. “América latina en su historia demuestra que para derrocar un gobierno se necesita de la fuerza, es decir un golpe de estado: Colombia con Rojas Pinilla, Chile con Pinochet, Panamá con Noriega, El Golpe de Estado en Honduras a Zelaya, por nombrar unos casos. La protesta sirve para llamar la atención, pero el cambio de fondo viene desde las elecciones democráticas, el caso de Nicaragua demuestra la inconformidad que surge cuando un gobierno se establece en el poder por mucho tiempo.”

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El país como un desierto

Durante el paro, los establecimientos comerciales estaban cerrados y muy pocos vehículos y peatones se atrevieron a salir a las calles. Se reportaron enfrentamientos en algunos municipios, que dejaron al menos a cinco personas muertas: dos en León, dos en Bilwi y uno en Tipitapa, según informo la AFP. 

Para la líder opositora y miembro del Observatorio Electoral de Nicaragua, Haydee Castillo, el paro nacional del pasado jueves 14 de junio fue todo un éxito pues la vinculación del pueblo fue total. “Las personas están apoyando la lucha que mantenemos, la corrupción tiene que acabar, y el presidente Daniel Ortega tiene que ver que la facción del pueblo que lo apoya es reducida y que el pueblo quiere elecciones”, aseguró Castillo a la cadena CB24.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella
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