Pacto contra el crimen en América Latina pone a prueba fronteras mientras la derecha endurece la seguridad
Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firmaron el Compromiso de Santiago para coordinarse contra el crimen transnacional. Sin embargo, el pacto revela un giro regional más marcado, donde la seguridad, la influencia de EE. UU., el control fronterizo y las inquietudes sobre el desarrollo ahora convergen.
Un pacto nacido del miedo
El Compromiso de Santiago fue anunciado con un lenguaje de urgencia, y la urgencia es precisamente lo que lo hizo políticamente útil. Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador acordaron el jueves construir una hoja de ruta para una coordinación más profunda contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, un desafío que sus gobiernos ahora describen no como un problema interno, sino como una amenaza sin fronteras que erosiona la estabilidad de la región.
“Vamos a enfrentar el crimen unidos”, dijo el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, según citas y reportes atribuidos a EFE. “Queremos llevar seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el Compromiso de Santiago.”
Esa frase, seguridad y tranquilidad, resume la promesa que se vende a los ciudadanos en gran parte de Sudamérica. En países donde la extorsión se propaga más rápido que las instituciones, donde los puertos y pasos fronterizos se han convertido en corredores para la cocaína, armas, dinero de la minería ilegal y tráfico de personas, los gobiernos saben que el crimen ahora moldea la vida diaria tanto como la inflación o las elecciones. Decide quién abre un negocio, quién cierra antes del atardecer, quién paga protección, quién migra y quién deja de confiar en el Estado.
El acuerdo reúne a cancilleres y autoridades de seguridad de cinco países que comparten vulnerabilidades superpuestas. Chile ha visto cómo el crimen organizado se convierte en una obsesión política central tras años de sentirse relativamente aislado de la peor violencia criminal de la región. Ecuador se ha transformado en uno de los laboratorios de homicidios más alarmantes de América Latina, con bandas vinculadas a puertos, cárceles y rutas del narcotráfico. Perú está atrapado entre la fragilidad política y las economías ilícitas. Bolivia, en medio de una crisis social y política, se ubica en corredores críticos y mercados informales. Argentina enfrenta sus propias inquietudes sobre el narcotráfico, especialmente en torno a núcleos urbanos y redes financieras.
Pérez Mackenna argumentó que, dado que el crimen es transnacional, los esfuerzos nacionales son insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, coordinación técnica e intercambio de información. Eso es cierto. También es la parte fácil. América Latina ha firmado muchas declaraciones. La pregunta más difícil es si esta podrá sobrevivir la distancia entre los comunicados y las carreteras, puertos, cárceles, pueblos fronterizos y barrios donde realmente gobierna el poder criminal.
El precio de la violencia es el desarrollo
El Compromiso de Santiago promete un plan de acción conjunto con “acciones concretas y resultados medibles y verificables”. Los cinco países planean reunirse nuevamente en 180 días en Buenos Aires para evaluar avances. La agenda incluye coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, rastreo de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.
Esas prioridades muestran que los gobiernos comprenden, al menos en el papel, que el crimen organizado no son solo hombres armados. Es logística, banca, corrupción, transporte, negocios legales, influencia política, vacíos aduaneros, redes carcelarias y sistemas digitales. Las organizaciones criminales más peligrosas no solo se esconden del Estado. Aprenden a usar partes de él.
El argumento económico es abrumador. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo citado en las notas estima que los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3,4 por ciento del PIB de América Latina en 2022, un nivel similar a la medición previa de 2017. El costo del crimen equivale al 78 por ciento de los presupuestos públicos de educación, el doble del gasto público en asistencia social y doce veces el gasto público en investigación y desarrollo. Esas cifras hacen del crimen no solo un problema de seguridad, sino un impuesto al desarrollo impuesto por el miedo.
Este es el significado más profundo del pacto. El crimen roba más que vidas. Está robando escuelas, innovación, inversión, salud, confianza pública y la capacidad futura de los Estados. Cuando las empresas pagan extorsión, cuando las familias evitan los espacios públicos, cuando los gobiernos desvían dinero de las aulas a vehículos blindados, la región pierde dos veces: primero ante la violencia, luego ante las políticas necesarias para contenerla.
El canciller argentino Pablo Quirno dijo que la región atraviesa un momento que exige “valentía institucional”, y agregó que las sociedades necesitan Estados capaces de cerrar brechas de impunidad y responder más rápido y con mayor coordinación que las organizaciones criminales. El canciller boliviano Fernando Aramayo lo expresó con más crudeza: el crimen está quitando desarrollo, limitando libertades y debilitando la capacidad del Estado para dar certeza a los ciudadanos.
Esa palabra, certeza, puede ser el verdadero premio. Los ciudadanos de América Latina no solo piden seguridad. Piden previsibilidad. El derecho a moverse sin ser asaltados. El derecho a comerciar sin ser extorsionados. El derecho a votar sin intimidación armada. El derecho a creer que las fronteras estatales significan algo.
La seguridad se cruza con la geopolítica
La reunión de Santiago fue inaugurada por el fiscal general de Chile, Ángel Valencia, en una sesión a puerta cerrada sobre cooperación internacional, y por el presidente chileno José Antonio Kast. “Estos cinco países se cansaron de ver al crimen organizado matar a nuestros jóvenes, dominar nuestros barrios, comprar voluntades”, dijo Kast, según EFE.
La frase refleja una verdadera indignación pública. También revela la dirección política del pacto. Excepto Perú, que está inmerso en un largo proceso electoral, los países participantes son gobernados por presidentes de derecha o ultraderecha alineados con la iniciativa “Escudo de las Américas” lanzada en marzo por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.
Ese detalle importa. El Compromiso de Santiago no es solo un acuerdo para combatir el crimen. Es parte de un realineamiento de la seguridad regional. Washington vuelve a enmarcar a América Latina con una mirada estratégica: crimen, influencia, fronteras, China y control del espacio hemisférico. Para gobiernos presionados por votantes atemorizados por el crimen, el apoyo de EE. UU. puede parecer recursos, inteligencia, legitimidad y rapidez. Pero América Latina conoce el costo de importar marcos de seguridad que difuminan las líneas entre policía, geopolítica y soberanía.
El riesgo no es la cooperación en sí. La coordinación regional es necesaria. El riesgo es permitir que la lucha contra el crimen se convierta en una nueva frontera ideológica, donde los gobiernos definan la legitimidad por su alineamiento con Washington y traten a los críticos como obstáculos para la seguridad. Si el pacto se convierte en una plataforma para compartir inteligencia, rastrear finanzas y coordinar fronteras bajo supervisión democrática, podría ser relevante. Si se convierte en otro escenario para la retórica militarizada y pruebas de lealtad geopolítica, podría profundizar la polarización mientras los criminales se adaptan.
La referencia a China también es reveladora. El crimen organizado debe ser enfrentado, pero atar la política criminal a la rivalidad entre potencias puede distorsionar prioridades. Puertos, telecomunicaciones, infraestructura, minería y rutas comerciales son relevantes para la seguridad. Sin embargo, América Latina no debe permitir que su crisis de violencia se convierta simplemente en una excusa para que potencias externas compitan por influencia.
La versión más sólida del Compromiso de Santiago sería práctica y transparente: bases de datos compartidas, investigaciones conjuntas, cooperación contra el lavado de dinero, unidades fronterizas profesionales, protección para fiscales, reforma de inteligencia penitenciaria, salvaguardas contra la corrupción e informes públicos medibles. La versión más débil serían los eslóganes, las fotos y la política de emergencia.
América Latina está en un momento bisagra peligroso. Los ciudadanos están cansados, y las sociedades cansadas suelen aceptar Estados más duros. Pero más duro no siempre significa más fuerte. Un Estado fuerte investiga, coordina, procesa, protege derechos y sigue el dinero. Un Estado débil solo envía más uniformes a las mismas calles.
El Compromiso de Santiago parte de un diagnóstico correcto: el crimen ha superado las fronteras nacionales. Ahora debe evitar el error regional más antiguo, creer que la fuerza por sí sola puede reemplazar a las instituciones. Los criminales ya están coordinados. La prueba es si las democracias pueden coordinarse sin convertirse en aquello que dicen combatir.
Lea También: La elección sin debates de Colombia convierte el silencio en una prueba de estrés democrático
