El estancamiento del voto en Venezuela convierte la transición en teatro político una vez más

Cinco meses después de la captura de Maduro, los sindicatos venezolanos convocan a protestas nacionales para exigir elecciones libres, la liberación de presos políticos, agua, electricidad y salarios, evidenciando cómo el gobierno interino de Delcy Rodríguez gana tiempo mientras la normalización económica avanza más rápido que la democracia.

La calle pone fecha límite

En Venezuela, el calendario se ha convertido en un campo de batalla. No solo la calle, no solo la prisión, no solo la urna que aún no tiene fecha. El propio calendario. Los días se cuentan como pruebas. Noventa días. Una posible prórroga de noventa días. Cinco meses desde el ataque militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro. Treinta días restantes, dicen los líderes sindicales, antes de que deba terminar el mandato interino.

Representantes de varios sindicatos venezolanos convocaron el jueves a una protesta nacional el 3 de junio, fecha que marca cinco meses desde la captura de Maduro, para exigir elecciones libres en un país donde la transición se ha convertido en una palabra utilizada por todos y definida por casi nadie. José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, dijo tras una asamblea de trabajadores en la Universidad Central de Venezuela que los manifestantes saldrán a las calles por elecciones libres, la liberación de todos los presos políticos, agua, electricidad y condiciones básicas de supervivencia.

La lista importa porque se niega a separar la democracia de la vida cotidiana. En Venezuela, la exigencia de elecciones no es un eslogan institucional abstracto. Se sienta junto a los apagones, los grifos vacíos, los salarios reemplazados por bonos y las familias esperando fuera de las cárceles. La papeleta está atada al bombillo, al grifo, al salario, a la puerta de la celda.

Patines también convocó a un cacerolazo a las 8 p.m. hora local, una protesta popular en la que la gente golpea ollas y sartenes. El mensaje, dijo, estaría dirigido a la presidenta interina Delcy Rodríguez y al presidente del Parlamento Jorge Rodríguez: “No los queremos más”. Agregó que a partir del 3 de junio, tendrían 30 días antes de que expire el período interino el 3 de julio.

Según el Artículo 234 de la Constitución de Venezuela, las ausencias temporales o absolutas del presidente son cubiertas por la vicepresidenta ejecutiva por hasta 90 días, prorrogables por el Parlamento por el mismo período. Tras la captura de Maduro en enero, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, fue juramentada como presidenta interina por orden del Tribunal Supremo. Pero al finalizar los primeros tres meses, ONG, juristas y partidos de oposición comenzaron a cuestionar la base legal de la continuidad de su mandato y, sobre todo, la ausencia de un calendario electoral.

Ese es el núcleo de la crisis. Se le pide a Venezuela que confíe en una transición sin destino visible.

Normalización sin voto

La defensa del gobierno ha sido consistente: primero la recuperación, luego las elecciones. El 2 de marzo, Jorge Rodríguez dijo que no era urgente fijar una fecha electoral, aunque insistió en que habría elecciones. En ese momento, afirmó que la prioridad era la recuperación económica del país.

Esa frase se ha convertido en el escudo de la coalición gobernante. Venezuela está lo suficientemente agotada como para que la recuperación suene persuasiva. Tras años de colapso, sanciones, migración, escasez, deterioro institucional, represión y ruina del sector petrolero, la promesa de estabilización económica puede acallar muchas preguntas. Una red eléctrica que funcione, un salario real, inversión, combustible y alimentos pueden sentirse más urgentes que la teoría electoral.

Pero ahí radica el peligro. Cuatro meses después del 3 de enero, Venezuela no parece estar atravesando una transición democrática, sino una normalización económica sin condiciones políticas vinculantes. La secuencia es demasiado coherente para ignorarla: un nuevo acuerdo con Chevron en la Faja del Orinoco, aperturas de sanciones estadounidenses a través de las Licencias Generales 56 y 57 de la OFAC, acercamiento a inversionistas internacionales, designaciones institucionales leales a Rodríguez, la terminación unilateral de la Ley de Amnistía y la detención continuada de cientos de presos políticos.

Esto parece menos una improvisación que una secuencia planificada. Rodríguez parece entender la regla más antigua de las transiciones controladas: primero consolidar, luego prometer.

Los nombramientos de Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del pueblo, ambos alineados de distintas formas con la coalición gobernante, son especialmente significativos. Estas oficinas forman parte de lo que en Venezuela se llama Poder Ciudadano, la rama encargada de la contraloría, la fiscalización y la protección de derechos. En cualquier transición real, tales instituciones definirían la rendición de cuentas, las investigaciones, la recuperación de activos y el destino legal de las estructuras de poder salientes. Si son capturadas antes de convocar elecciones, pueden ayudar a proteger el sistema incluso si eventualmente hay voto.

El fin de la Ley de Amnistía muestra la misma lógica. Rodríguez la declaró terminada el 23 de abril, aunque según se informa la ley no contenía cláusula de expiración. El gobierno ya la había usado para producir 8.616 liberaciones, pero Foro Penal dice que solo 186 eran verdaderos presos políticos. Terminarla ahora preserva el margen de maniobra sobre quienes siguen detenidos, incluidos los 473 presos políticos citados en el debate más amplio. También indica que la represión sigue siendo selectiva, institucional y disponible.

Por eso los cánticos sindicales de “No tenemos miedo” pesan tanto. Algunos manifestantes son ex presos políticos. Conocen al Estado no como teoría, sino como celda.

Latinoamérica debe observar la simulación

Para América Latina, el estancamiento del calendario electoral venezolano no es solo un asunto nacional. Es una advertencia regional sobre cómo los sistemas autoritarios se adaptan bajo presión. El viejo modelo dependía de la represión directa, el teatro revolucionario y el discurso antiestadounidense. El nuevo modelo es más sutil. Puede aceptar inversionistas, negociar con Washington, liberar algunos presos, hablar de transición y aun así no crear las condiciones para que una elección sea realmente competitiva.

Ese es el riesgo de una transición simulada.

Estados Unidos tiene sus propias contradicciones. El nombramiento de John Barrett como encargado de negocios en Caracas, en reemplazo de Laura Dogu, llegó con la promesa de continuar implementando el plan de tres fases de la administración Trump: estabilización, recuperación y transición. El problema es que la tercera fase sigue sin definirse. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, ha sugerido que las elecciones ocurrirían durante la administración Trump, es decir, en cualquier momento antes de enero de 2029, y que organizarlas podría requerir de nueve a diez meses una vez que comience un esfuerzo coordinado. Eso podría empujar la votación hasta mediados de 2027 o más tarde.

El tiempo, en política, no es neutral. El tiempo favorece a quien controla las instituciones, el dinero, los tribunales, el acceso a los medios, las fuerzas de seguridad y el calendario. Cada semana que avanza la normalización económica sin hitos electorales públicos, la posición de Rodríguez se fortalece y la influencia externa se debilita. Cuando los gobiernos extranjeros exijan condiciones, puede que ya hayan gastado las herramientas que podrían haberlos obligado a cumplirlas.

La oposición aún cuenta con apoyo internacional. Las reuniones europeas de María Corina Machado y la recepción en Washington de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, muestran que las fuerzas antigubernamentales siguen siendo visibles en el exterior. Pero la visibilidad no es poder a menos que cambie incentivos. El lenguaje diplomático sobre una “transición democrática pacífica” o una “transición estable, ordenada y consolidada” significa poco sin requisitos medibles: autoridades electorales independientes, una fecha electoral fija, liberación total de presos políticos y restitución de derechos políticos.

La crisis venezolana también pone a prueba la memoria regional. América Latina ha visto transiciones que fueron reales, negociadas y escenificadas para preservar el viejo orden bajo nombres más suaves. Ha visto regímenes militares replegarse en la amnistía. Ha visto partidos gobernantes rediseñar instituciones antes de dejar el poder. Ha visto elecciones usadas no para transferir el poder, sino para mantener la continuidad.

La convocatoria a protestar el 3 de junio es, por tanto, más que una acción laboral. Es una exigencia para que el reloj no sea manipulado. Los sindicatos dicen que un país no puede recuperarse económicamente mientras sus ciudadanos esperan indefinidamente el derecho a elegir. Dicen que el agua y la electricidad importan, pero también el voto. Dicen que los salarios importan, pero también la libertad frente al encarcelamiento político.

Si la transición venezolana se convierte solo en una apertura de mercado, América Latina heredará un precedente peligroso: normalización económica sin democracia, inversión sin rendición de cuentas y estabilidad construida sobre una ciudadanía postergada. El cacerolazo previsto para el 3 de junio puede sonar a metal contra metal. Pero políticamente, es algo más filoso: un país intentando recordarles a sus gobernantes que el calendario también le pertenece al pueblo.

Lea También: Liberaciones en cárceles de Venezuela exponen el precio de la libertad tras la caída repentina de Maduro