México paga el impuesto oculto de la corrupción mientras la confianza se resquebraja

El más reciente informe de corrupción del Inegi revela una fuga de miles de millones de dólares en los hogares y la confianza, mostrando cómo los sobornos, la debilidad policial, los servicios deficientes y la desconfianza institucional amenazan el nearshoring, la seguridad pública, la legitimidad democrática y la lucha más amplia de América Latina por una gobernanza creíble.

Un impuesto oculto de miles de millones

La corrupción en México no siempre toma la forma de un escándalo espectacular. A menudo llega en silencio, en una ventanilla, en una fila, durante un pago, un permiso, una solicitud de servicio público o un breve encuentro con una autoridad que sabe que el ciudadano tiene poco tiempo y menos opciones. Es el costo extra de ser gobernado mal. Es la tarifa no oficial para poder avanzar en la vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los actos de corrupción vinculados a pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades le costaron a México 17,707 millones de pesos en 2025, aproximadamente 1,020 millones de dólares. El hallazgo, incluido en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, conocida como Encig 2025, se traduce en un costo promedio de 3,865 pesos, unos $222 dólares, por persona afectada.

Esa cifra no es solo una vergüenza nacional; es una desgracia nacional. Es un diagnóstico económico. La corrupción funciona como un impuesto oculto, salvo que es más arbitrario que un impuesto y menos útil que un impuesto. No construye escuelas, no financia hospitales, no pavimenta caminos ni mejora la seguridad. Drena a los hogares, recompensa a los intermediarios, retrasa trámites, castiga la honestidad y enseña a los ciudadanos que el acceso al Estado depende de quién paga, a quién se conoce o quién se rinde primero.

El Inegi encontró que el 84.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones gubernamentales. Entre las personas que realizaron trámites, pagos, solicitaron servicios públicos o tuvieron contacto con autoridades en 2025, el 15.6 por ciento experimentó actos de corrupción. Eso significa que el problema no solo se percibe. Se vive, se repite y se absorbe en el ritmo ordinario de la vida cívica.

Para la economía mexicana, el momento es delicado. El país quiere consolidarse como potencia del nearshoring, un puente entre la industria norteamericana y las cadenas de suministro globales. Pero las fábricas no operan en el vacío. Dependen de permisos, policías, aduanas, fiscalías, caminos, agua, salud pública, transporte urbano y burocracias locales. Si cada interacción con el Estado lleva la sospecha de corrupción, la ventaja geográfica del país empieza a perder valor.

La desconfianza en la policía se convierte en riesgo económico

La herida institucional más profunda en el informe del Inegi es la percepción pública sobre la policía. Casi nueve de cada diez mexicanos, el 86.5 por ciento, considera corrupta a la policía. Eso coloca a la policía como la institución pública peor calificada, incluso por encima de los partidos políticos, que el 83.9 por ciento de la población ve como corruptos.

Esa comparación es devastadora. De los partidos políticos se espera, casi culturalmente, que generen cinismo. La policía es diferente. Se supone que es el rostro más cercano de protección, el uniforme en la esquina, el primer actor estatal al que se llama en momentos de miedo. Cuando los ciudadanos ven a la policía como corrupta, la política de seguridad empieza a fracasar. La gente duda en denunciar delitos. Los testigos guardan silencio. Las víctimas desconfían de las investigaciones. Las empresas suman costos de seguridad privada. Los grupos criminales explotan la desconfianza como forma de control territorial.

Los datos sobre confianza muestran un país dividido entre la confianza íntima y la sospecha institucional. La familia genera la mayor confianza, con un 84.8 por ciento. Las escuelas públicas de nivel básico alcanzan el 75.6 por ciento y las universidades el 74.6 por ciento. Pero solo el 34.1 por ciento confía en los ministerios públicos o fiscalías estatales. México, en otras palabras, sigue confiando mucho más en la familia, el aula y la universidad que en el sistema de justicia.

Ese patrón tiene una profunda resonancia en América Latina. En toda la región, las familias suelen funcionar como instituciones de supervivencia donde el Estado falla. La educación sigue siendo uno de los pocos espacios públicos que aún se imagina como una escalera, incluso cuando está subfinanciada. Pero las fiscalías y la policía, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, suelen cargar con el peso histórico del abuso, la impunidad, el sesgo de clase, la captura política y la colusión con el poder criminal.

Para México, esto no es solo un problema moral. Es un problema de competitividad. Un sistema de justicia en el que los ciudadanos no confían no puede proteger de manera confiable contratos, trabajadores, propiedades o comunidades. Una policía percibida como corrupta no puede asegurar fácilmente corredores industriales, puertos, carreteras y ciudades fronterizas. El auge del nearshoring puede traer inversión, pero la debilidad institucional decide cuán ampliamente se distribuye esa inversión y cuán segura opera.

Malos servicios drenan el futuro

El informe también ofrece un retrato a ras de suelo de la calidad de los servicios. En zonas urbanas, el 47.2 por ciento de los adultos reportó estar satisfecho con los servicios públicos básicos y bajo demanda. Menos de la mitad. Eso significa que el Estado cotidiano, el que la gente encuentra no en discursos sino en la presión del agua, los viajes en camión, las clínicas, los camiones de basura y los trámites, no logra convencer a la mayoría.

Los ciudadanos reportaron mayor satisfacción con la recolección de basura, con un 71.5 por ciento. El agua potable en las ciudades alcanzó solo el 43.4 por ciento. Ese dato debería preocupar a los responsables de políticas mucho más allá del sector de obras públicas. El agua es infraestructura económica. Sostiene hogares, fábricas, salud, construcción, sistemas alimentarios y crecimiento urbano. Si México quiere absorber nuevas inversiones, la gobernanza del agua no puede seguir siendo un eslabón débil.

Los servicios bajo demanda peor calificados fueron el transporte urbano en camión, van, combi y microbús, con una satisfacción del 36.9 por ciento, y los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un 43.3 por ciento. No son preocupaciones de élite. Son los servicios de trabajadores, empleados, obreros, estudiantes, cuidadores y trabajadores informales. Un mal transporte roba horas. Una atención médica deficiente roba salarios. Juntos, reducen la productividad mucho antes de que un economista cuente la pérdida.

Aquí es donde se encuentran la corrupción y la calidad de los servicios públicos. Cuando los canales oficiales son lentos, ineficientes, humillantes o poco confiables, la corrupción se normaliza como atajo. La gente paga no porque ame la ilegalidad, sino porque el sistema le enseña que esperar legalmente puede ser más caro que acelerar informalmente. El soborno no solo es un delito; también es un síntoma. Es, muchas veces, el reflejo de una máquina pública diseñada para agotar al ciudadano.

Para América Latina, las cifras de México son una advertencia. La región no puede construir legitimidad democrática si la gente experimenta al gobierno principalmente como demora, sospecha, mal servicio y extracción mezquina. La corrupción alimenta la antipolítica. Crea espacios para promesas autoritarias, atajos militarizados y líderes que dicen que las instituciones no sirven mientras ofrecen el mando personal como remedio.

Pero el caso de México es especialmente importante por su escala. Es una de las mayores economías de América Latina, un centro manufacturero, una potencia cultural y un socio estratégico en Norteamérica. Si México fortalece la confianza, mejora los servicios y reduce la corrupción, puede redefinir el futuro económico de la región. Si fracasa, el costo se sentirá en las cadenas de suministro, la presión migratoria, el crimen, la desigualdad y el desgaste democrático.

El Inegi ha puesto precio a la caseta oculta. Más de 17,700 millones de pesos desaparecieron en interacciones corruptas que debieron ser actos ordinarios de ciudadanía. La pérdida más profunda es más difícil de contar: el ciudadano que deja de creer, el trabajador retrasado, el paciente esperando, el inversionista que duda, la llamada a la policía que nunca se hace.

El reto de México no es solo castigar la corrupción. Es lograr que la honestidad sea más rápida, más segura y más útil que cualquier atajo.

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