La guerra contra el crimen en Costa Rica se enfrenta a un poder judicial dispuesto a resistir
La presidenta Laura Fernández prometió orden en Costa Rica a través de la fuerza, pero su enfrentamiento con los jueces podría debilitar las instituciones necesarias para derrotar a las redes de cocaína. Con homicidios en aumento y pocas condenas, el país enfrenta una peligrosa elección entre la urgencia y la resistencia democrática.
La excepción pacífica comienza a resquebrajarse
Durante generaciones, Costa Rica ofreció a la región una hermosa excepción. Sin ejército permanente. Urnas en lugar de cuarteles. Los turistas llegaban por los bosques nubosos y las playas, mientras los países vecinos llevaban las cicatrices de la guerra civil, el gobierno militar y el control de las pandillas.
Esa imagen nunca fue completa, pero organizó el orgullo nacional. Ahora, donde los disparos ya no sorprenden y las familias miden el peligro por horas, la promesa se siente más frágil.
Costa Rica registró 905 homicidios en 2023, la cifra más alta de su historia, haciendo que las familias se sientan vulnerables y preocupadas por su seguridad.
Desde abril de 2023, alrededor del 45 por ciento de los costarricenses encuestados por la Universidad de Costa Rica han señalado la inseguridad como el principal problema del país. El miedo se ha convertido en una identidad política, creando un terreno fértil para la promesa de mano dura de la presidenta Laura Fernández.
Su diagnóstico comienza con la cocaína. Los puertos, costas remotas, carreteras y la economía exportadora de Costa Rica se han convertido en infraestructura para el comercio que va de Colombia hacia Estados Unidos y Europa. En Moín, los traficantes esconden cocaína entre productos como yuca congelada. A lo largo de la costa pacífica, los cargamentos llegan cerca de Osa y Golfito antes de moverse tierra adentro o hacia el norte.
El país hoy ya no es solo un puente. Grupos locales, incluido el Cartel del Caribe Sur, supuestamente trabajan con el Clan del Golfo de Colombia y el Cartel de Sinaloa de México, lo que ilustra la profunda penetración del crimen organizado transnacional. La Agencia de Investigación Judicial atribuye alrededor del 70 por ciento de los homicidios a disputas por el tráfico, enfatizando la dimensión internacional de la violencia.
Una mano dura con dedos débiles
Fernández, con solo dos meses en el cargo, afirma que los tribunales bloquean las políticas necesarias, poniendo en riesgo la confianza de los responsables políticos en la independencia y estabilidad judicial.
Funcionarios judiciales le han exigido que presente pruebas. Ninguno de los que se les pidió la renuncia ha dejado su cargo.
El enfrentamiento es especialmente imprudente mientras los recortes presupuestarios previstos para 2026 y 2027 amenazan a los fiscales, investigadores, servicios forenses y tribunales que se espera conviertan los arrestos en condenas. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dice que solo el 38 por ciento de los homicidios termina en condena. Esa cifra revela un sistema que falla después de que la policía coloca la cinta de seguridad.
El gobierno enmarca el problema como debilidad. Sin embargo, la población carcelaria de Costa Rica ha crecido un 36 por ciento desde 2020. Su tasa de encarcelamiento alcanzó 366 personas por cada 100,000 habitantes en 2024, ocupando el puesto 22 a nivel mundial. Un país que encarcela a esa escala no puede fingir que el único ingrediente faltante son más celdas.
El Estado de excepción propuesto por Fernández y una megacárcel para 5,000 personas toman prestadas ideas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo gobierno encarceló a unas 90,000 personas mientras afirmaba reducir la violencia. Aunque el atractivo es claro, estas políticas plantean dudas sobre su efectividad a largo plazo y el respeto al debido proceso, especialmente dada la tradición costarricense de esfuerzos de seguridad liderados por civiles.
Aun así, la comparación engaña. El modelo salvadoreño concentra el poder y restringe las garantías. Costa Rica enfrenta el tráfico a través de puertos, contenedores, empresas, sistemas aduaneros y redes profesionales. Detener a jóvenes en barrios pobres puede llenar celdas mientras los financistas, intermediarios, abogados y funcionarios comprometidos siguen moviendo el dinero.
El Estado no puede pelear consigo mismo
La advertencia más profunda proviene de la economía legal. El informe Estado de la Nación de Costa Rica encontró que los grupos criminales invierten ganancias ilícitas en pequeños negocios. Un local comercial puede convertirse en un mecanismo de lavado, un empleador, una fuente de favores y una autoridad local. Los carteles aterrorizan comunidades, pero también proveen dinero donde el Estado formal se siente lejano.
La reforma de 2025 que permite la extradición de costarricenses por narcotráfico y terrorismo reconoció hasta dónde ha llegado la infiltración. Entre quienes enfrentan una posible extradición a Estados Unidos está Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado. El simbolismo es devastador: la red sospechosa podría conocer los pasillos del poder.
Eso hace que la rendición de cuentas sea esencial, pero no valida una campaña del Ejecutivo contra todo el poder judicial. Si Fernández tiene pruebas de corrupción, debe presentarlas ante los investigadores competentes y la opinión pública. Sin pruebas, llamar podrido al sistema judicial mientras se le recortan recursos parece menos una reforma que una captura política.
Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de la Justicia, lo expresó claramente: frente a un enemigo con recursos casi ilimitados, pelear entre instituciones estatales deja al país desprotegido. Los traficantes se benefician de cada orden de allanamiento retrasada, presupuesto congelado, nombramiento partidista y disputa pública.
Costa Rica abolió su ejército en 1948 e invirtió su imaginación política en instituciones civiles. Esa historia no exige pasividad. Exige recordar que la contención democrática es parte de la arquitectura de seguridad nacional, no un obstáculo para ella.
La elección es entre un Estado coordinado que sigue el dinero, protege testigos y asegura los puertos, o un sistema fragmentado que falla a la ciudadanía.
La vieja excepcionalidad de Costa Rica no sobrevivirá solo con nostalgia. Puede sobrevivir con evidencia, competencia y contrapesos. En una región donde el miedo abre repetidamente la puerta a atajos autoritarios, eso sería más que autodefensa nacional. Sería valentía.
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