Chile vuelve a cortejar al capital mientras inversionistas observan el resurgimiento del proyecto RED
La nueva apuesta económica de Chile pide a los inversionistas volver a creer. Sin embargo, el proyecto RED del presidente José Antonio Kast debe responder una pregunta latinoamericana más difícil: ¿puede volver el crecimiento sin romper la legitimidad social que Chile pasó una década construyendo dolorosamente primero en casa?
El viejo milagro luce cansado
En Chile, la confianza solía sonar común. Botas en la entrada de una mina. Una grúa sobre Santiago. Abogados extranjeros susurrando en un café porque, aquí, se suponía que las reglas sobrevivían a las elecciones.
Esa reputación no era un mito. Entre 2000 y 2014, Chile captó aproximadamente 192 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, cerca del 7,4 por ciento de los flujos netos de América Latina. Los datos del Banco Mundial muestran un patrón más profundo: de 1990 a 2014, los flujos de IED promediaron alrededor del 6 por ciento del PIB de Chile, más del doble del promedio de América Latina y el Caribe, que fue de 2,8 por ciento. En una región donde la política solía reescribir las promesas económicas, Chile se convirtió en la excepción que los inversionistas podían valorar.
Ahora esa excepción pide una segunda oportunidad. Kast, quien asumió en marzo de 2026, envió al Congreso en abril el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un paquete pro-crecimiento diseñado para impulsar la inversión, simplificar la regulación y llevar el crecimiento anual hacia el 4 por ciento. Reuters informó que el plan incluye unas 40 medidas, y la Cámara Baja aprobó gran parte del proyecto antes de que pasara al escrutinio del Senado a principios de junio.
La pregunta no es solo si Chile puede bajar impuestos o acelerar permisos. Es si el país puede reactivar la inversión sin fingir que la revuelta social de la última década nunca ocurrió. Los mercados quieren certeza. Los ciudadanos quieren dignidad. El próximo modelo chileno debe hablar ambos idiomas.
Un contrato con memoria
Durante casi cinco décadas, esa certeza tuvo un nombre: Decreto Ley 600. El régimen de inversión extranjera establecía una relación contractual entre los inversionistas y el Estado chileno que no podía ser alterada unilateralmente. Descripciones del gobierno de EE. UU. y de APEC destacaban contratos vinculantes, protección para transferencias de capital y estabilidad ante cambios legales posteriores. Para ejecutivos mineros, desarrolladores energéticos y fondos de infraestructura, Chile se sentía menos como una apuesta y más como un plan.
Hay una memoria incómoda en ese éxito chileno. El marco nació bajo una dictadura, luego fue llevado a la democracia por gobiernos que mantuvieron la disciplina macroeconómica mientras expandían gradualmente la política social. Demasiado lentamente, decidieron muchos chilenos. La deuda educativa, las pensiones, la desigualdad y los largos trayectos seguían diciéndole a las familias que el milagro tenía una entrada privada.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet intentó responder a ese enojo con una reforma tributaria y mayor gasto. Más tarde, Gabriel Boric encarnó una demanda generacional de que el crecimiento fuera evaluado por algo más que los aplausos de los inversionistas. Esos impulsos nacieron de heridas reales. Pero las capas regulatorias se engrosaron en minería, vivienda, infraestructura y energía. El Estado prometió más justicia, pero a menudo entregó más espera.
Los datos muestran cuán bruscamente se frenaron los engranajes. La formación bruta de capital fijo creció a una tasa anual promedio de 7,56 por ciento entre 1996 y 2013, y solo 1,4 por ciento entre 2014 y 2025. Eso es una pérdida de impulso del 81 por ciento. El crecimiento promedio del PIB cayó de aproximadamente 5 por ciento entre 2000 y 2013 a cerca de 2 por ciento entre 2014 y 2025. Las cifras recientes agudizan el panorama: el desempleo se ha mantenido por encima del 8 por ciento durante un período prolongado, el PIB se contrajo 0,3 por ciento en el primer trimestre de 2026 y el índice IMACEC de abril cayó 1,2 por ciento interanual, su mayor descenso en tres años.
Eso no es solo una queja de planilla de cálculo. Es un trabajador esperando más tiempo por un empleo formal, un proveedor en Antofagasta viendo cómo se estancan los permisos de litio, una familia joven que escucha “clima de inversión” y piensa, simplemente, en el arriendo.
El crecimiento necesita permiso
El proyecto RED de Kast está diseñado para reducir esa prima por demora. El paquete propone bajar la tasa del impuesto corporativo del 27 por ciento al 23 por ciento, crear incentivos para el empleo formal, agilizar la tramitación de permisos ambientales, ofrecer alivio tributario temporal para la vivienda y ajustar el gasto. El resumen de PwC Chile también destacó la propuesta de invariabilidad tributaria para grandes inversiones e incentivos para la repatriación de capitales.
Por eso Chile importa más allá de Chile. En toda América Latina, los gobiernos están cortejando capital en un mundo reordenado por el riesgo en las cadenas de suministro, la rivalidad entre EE. UU. y China, y la demanda de cobre, litio e infraestructura de energía limpia. Sin embargo, datos de la CEPAL reportados por Reuters mostraron que la IED regional aumentó en 2024, mientras que el interés en nuevas inversiones se estancó, con la proporción de IED sobre la formación bruta de capital fijo y el PIB aún por debajo de los niveles de la década de 2010. La región no solo necesita dinero. Necesita dinero que permanezca, construya y sobreviva a las elecciones. (Reuters)
Chile alguna vez resolvió la mitad de la ecuación. Construyó credibilidad. Lo que no resolvió del todo fue el tema de la legitimidad. En América Latina, esa brecha es combustible. Si las reglas de inversión parecen un pacto privado entre élites y capital extranjero, llega la reacción. Si la reforma social trata la inversión como un pecado, llega el estancamiento.
El mecanismo de revisión de inversiones extranjeras propuesto en el proyecto RED captura esa tensión. Tales revisiones son comunes en las economías de la OCDE, pero la antigua marca de Chile era la apertura amplia. Un filtro acotado de interés nacional puede tranquilizar a los ciudadanos de que los activos estratégicos no se venden a ciegas. Mal diseñado, podría revivir el temor discrecional que la reforma intenta enterrar.
Para Kast, la aprobación por sí sola no será una victoria. Los inversionistas leerán el debate en el Senado buscando durabilidad. Las comunidades lo leerán buscando respeto. Permisos más rápidos pueden parecer eficiencia en Santiago y extracción en territorio indígena. Los incentivos fiscales pueden parecer competitividad en una sala de juntas y favoritismo para un hogar que elige entre medicinas y pasaje de bus.
Chile no puede simplemente resucitar el Decreto Ley 600, pulir la placa y convocar al viejo milagro. El pasado trajo crecimiento, pero también exclusiones. Tampoco puede el país aceptar el estancamiento como precio de la virtud. La verdadera apuesta es más difícil y más humana: reglas creíbles con permiso social.
Si Chile logra que el capital se sienta seguro mientras los ciudadanos se sienten vistos, puede volver a ser la prueba silenciosa de concepto de América Latina. Si no puede, el mensaje viajará igual de rápido: incluso el viejo refugio seguro de la región puede ser arrastrado por la marea.
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