AMÉRICAS

Las carreteras bolivianas se convierten en campo de batalla mientras los bloqueos ponen a prueba la presidencia de Rodrigo Paz

La creciente crisis de bloqueos en Bolivia ha dejado camiones varados, ha elevado los precios de los alimentos y ha expuesto la frágil autoridad de Rodrigo Paz, mientras campesinos aymaras, sindicatos, leales a Evo Morales y la ayuda estadounidense reconfiguran la geopolítica del descontento andino para América Latina y más allá de sus fronteras.

Un país cortado por sus arterias

Bolivia despertó el domingo con sus carreteras convertidas en fronteras políticas. Se habían instalado cincuenta y nueve bloqueos en seis de las nueve regiones del país, principalmente en la zona andina, después de que una segunda operación policial y militar fracasara en despejar una carretera estratégica ocupada durante 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según reportes y entrevistas citadas por EFE.

La Administradora Boliviana de Carreteras publicó un mapa que mostraba cortes en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Solo los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y el departamento sureño de Tarija, permanecían sin bloqueos. En el papel, era una crisis logística. En la práctica, era una radiografía nacional.

Bolivia es un país donde las carreteras no son solo carreteras. Son líneas vitales que atraviesan altura, valles, minas, mercados, fronteras y la capital. Si se bloquea una vía en el altiplano, la presión se siente rápido. La comida se encarece. El combustible se vuelve incierto. Los hospitales empiezan a calcular sus reservas. Los camioneros duermen junto a cargas que ya no avanzan. Las familias en La Paz y El Alto sienten que la política llega no como discursos, sino como escasez.

La operación fallida tenía un nombre casi ceremonial: “Corredor humanitario con banderas blancas”. Su objetivo era abrir la carretera de 227 kilómetros entre La Paz y Oruro, liberar cientos de camiones varados y permitir el ingreso de alimentos, combustible e insumos médicos a algunas de las ciudades más presionadas del país. Pero el convoy encontró resistencia. Manifestantes enfrentaron a policías y militares con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas. Tras despejar partes de la ruta con ayuda de tractores, los campesinos regresaron y volvieron a llenar el camino de piedras, tierra y troncos.

La imagen es antigua y nueva a la vez. En Bolivia, el bloqueo ha sido desde hace tiempo un lenguaje de poder popular. Es el parlamento de quienes se sienten ignorados. Dice: si el Estado no escucha, el país deja de moverse.

Camiones estacionados entre bloqueos en la carretera que conecta La Paz y Oruro, en Achica Arriba, Bolivia. EFE / Luis Gandarillas.

El diálogo se enfrenta a la dinamita

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo que la operación se detuvo a mitad de camino después de que los manifestantes emboscaran la caravana con dinamita y piedras. Su propio convoy tuvo que regresar a La Paz por rutas alternas, llegando alrededor de las 2 de la madrugada tras lo que su despacho describió como tres emboscadas. En una de ellas, piedras rompieron la ventana trasera de su vehículo.

“Ya me encuentro en La Paz, después de esta tercera emboscada en mi contra”, dijo Zamora, agregando que logró pasar y llegar a la ciudad alrededor de las dos de la mañana. Más temprano, hablando desde un camino de tierra alterno tras perder contacto telefónico en zonas sin señal, dijo a Red Uno que el convoy había quedado atrapado, sin poder avanzar ni retroceder. Señaló que la decisión de retirarse se tomó para proteger vidas bolivianas.

Esa frase resume el dilema del gobierno. Paz dice que quiere diálogo. Zamora afirmó estar dispuesto a hablar personalmente con los manifestantes en cada punto de bloqueo. Pero el diálogo escoltado por policías, militares, tractores y gases lacrimógenos ya llega bajo sospecha. Para el Estado, el corredor era humanitario. Para los manifestantes, parecía fuerza.

La crisis comenzó a principios de este mes por demandas salariales, escasez de combustible, mala calidad del mismo y rechazo a reformas. Desde entonces, se ha endurecido en una exigencia de renuncia de Paz, impulsada por campesinos aymaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales. Paz lleva poco más de seis meses en el cargo. Ya enfrenta el tipo de presión que ha derribado gobiernos bolivianos antes.

Ha prometido hacer todos los esfuerzos para entablar diálogo. Pero también ha advertido que “todo tiene un límite” y recordó que la Constitución permite medidas como el estado de excepción. En Bolivia, esa frase no cae en vano. Toca recuerdos de represión, levantamientos, intervenciones militares y gobiernos atrapados entre la legitimidad de la calle y la autoridad formal.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, también denunció lo que llamó una campaña de “noticias falsas” destinada a provocar la ira pública, especialmente en las provincias, incluyendo reportes de supuestas muertes durante la operación. Dijo que solo se utilizó gas lacrimógeno y afirmó que muchas cuentas que difundían ese contenido estaban fuera de Bolivia, como parte de un esquema desestabilizador para romper el orden constitucional.

Eso puede ser cierto en parte. La manipulación digital se ha convertido en un arma regional. Pero los gobiernos en crisis suelen recurrir al lenguaje de la desestabilización cuando la rabia también tiene raíces locales. En Bolivia, esas raíces no son imaginarias. Pasan por el combustible, los salarios, el poder indígena, el resentimiento regional y la sombra aún no resuelta de Morales.

Manifestantes se enfrentan con la policía en La Paz, Bolivia. EFE / Gabriel Márquez

Una crisis andina con ecos extranjeros

Estados Unidos ha entrado ahora en escena, proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico al gobierno de Paz. La oficina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental dijo que la administración de Donald Trump respalda a La Paz mientras enfrenta la escasez, incidentes y bloqueos.

Este apoyo puede ayudar a aliviar la presión en La Paz y El Alto. Pero también puede complicar la política de la crisis. En el altiplano andino, la ayuda estadounidense puede ser presentada por los opositores como injerencia, especialmente cuando entre los manifestantes hay sectores leales a Morales, cuya identidad política se forjó en parte sobre el nacionalismo antiestadounidense y la soberanía indígena.

Para América Latina, la crisis boliviana es una advertencia sobre el frágil equilibrio entre democracia, escasez, protesta y respaldo extranjero. Un gobierno puede ser legítimo constitucionalmente y aun así perder el control de la carretera. Una protesta puede expresar dificultades reales y aun así generar daños humanitarios. La ayuda internacional puede aliviar la escasez y al mismo tiempo alimentar narrativas de dependencia.

La geografía del país eleva la apuesta. La ruta La Paz-Oruro conecta con corredores hacia Chile, Perú, el centro y el oriente. La economía boliviana, sin salida al mar, depende del movimiento. Sus ambiciones de litio, rutas mineras, flujos agrícolas, suministro de combustible y redes urbanas de alimentos dependen de carreteras que pueden convertirse en fichas de negociación de la noche a la mañana.

Por eso los bloqueos importan más allá de Bolivia. En toda América Latina, los Estados enfrentan la misma ecuación dolorosa: demandas sociales intensificadas por la presión económica, sistemas políticos debilitados por la desconfianza y movimientos de protesta capaces de paralizar la infraestructura más rápido de lo que los gobiernos pueden reconstruir la legitimidad. Perú lo ha visto. Ecuador lo ha visto. Colombia lo ha visto. Bolivia lo sabe casi por instinto.

La pregunta ahora es si Paz podrá evitar que una crisis logística se convierta en una crisis de legitimidad. Un estado de excepción podría reabrir las carreteras, pero también profundizar la ruptura. Un diálogo interminable sin resultados podría hacer que el gobierno parezca impotente. Los manifestantes, por su parte, corren el riesgo de perder simpatía si la escasez castiga al mismo pueblo que dicen defender.

Por ahora, las carreteras hablan más fuerte que el palacio. Dicen que Bolivia no está simplemente bloqueada. Está dividida sobre quién tiene el derecho de mover al país hacia adelante, y quién puede detenerlo cuando siente que el camino ya no le pertenece.

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