El retroceso en la Ley de Tierras de Bolivia pone a prueba el frágil equilibrio de poder de Paz entre el Amazonas y los Andes

Tras una marcha amazónica de 24 días y bloqueos de carreteras, el presidente de Bolivia derogó la Ley 1720, dejando al descubierto una batalla más profunda por la tierra, el crédito, la protección indígena, el poder agroindustrial y quién define el desarrollo en una de las repúblicas más divididas de América Latina.

Una marcha que hizo desaparecer la ley

Para cuando el presidente Rodrigo Paz firmó la derogación de la Ley 1720, la lucha por la tierra ya había subido desde el Amazonas hasta la fría altitud política de La Paz. Había pasado por caminos, vigilias, hambre, sospecha y la vieja verdad boliviana de que el territorio nunca es solo propiedad. Es ascendencia, crédito, deuda, alimento, memoria y poder.

Paz anunció la abrogación en un video difundido por la Presidencia de Bolivia, diciendo que, como resultado del diálogo entre bolivianos, la ley había sido eliminada. “Ya no existe, se acabó”, dijo, según EFE. La frase buscaba calmar a un país atrapado entre marchistas indígenas, organizaciones campesinas, carreteras bloqueadas y sectores agrícolas enfurecidos. Pero la derogación no puso fin a la disputa. Dejó al descubierto la verdadera.

La Ley 1720, promulgada el 10 de abril, permitía la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agrícola titulada en mediana propiedad mediante solicitud escrita y declaración jurada, para que la tierra pudiera ser usada como garantía para préstamos bancarios. En el papel, la promesa sonaba moderna y financiera: convertir la tierra en crédito, el crédito en producción, la producción en crecimiento. En la práctica, muchos sectores campesinos e indígenas escucharon algo más antiguo y peligroso. Temían que los pequeños productores, empujados por la deuda o presionados por el mercado, pudieran perder sus tierras ante grandes propietarios o intereses agroindustriales.

Ese temor llevó a cientos de campesinos e indígenas amazónicos a marchar durante 24 días desde Pando, la región norte que limita con Brasil y Perú, hasta La Paz. No marcharon solo contra un párrafo en un código legal. Marcharon contra una memoria. En Bolivia, la reforma agraria no es un campo técnico. Es uno de los argumentos fundacionales del país, desde la revolución de 1952 hasta el auge de la política indígena en el siglo XXI.

Crédito, garantía y viejas heridas

El detalle más revelador de la crisis es que ambos bandos pueden decir que defienden a los pequeños productores. Los partidarios de la ley argumentan que los propietarios rurales necesitan acceso al crédito, especialmente en un país donde los costos de producción, el estrés climático y el financiamiento limitado pesan sobre el campo. Los críticos sostienen que el crédito sin salvaguardas puede convertirse en una trampa, especialmente cuando el bien en riesgo es la parcela familiar misma.

Esa es la brutal elegancia del conflicto. La misma tierra puede verse como un motor de desarrollo desde una oficina bancaria y como un escudo contra el despojo desde una comunidad rural. En Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia y su motor económico, los sectores agroindustriales y los pequeños productores criticaron la derogación. Sin embargo, la aceptaron con la condición de que se redacte una nueva ley con la participación de todos los sectores.

La ley de derogación establece un plazo de 60 días para “concertar y proponer” un nuevo marco que defina condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agrícola pueda acceder a los beneficios tras la conversión, preservando expresamente la protección de los territorios de origen indígena, comunidades campesinas, tierras comunales y reservas naturales.

Ese lenguaje importa. Es una admisión de que la primera versión no generó suficiente confianza. En un país tan fracturado geográfica y políticamente como Bolivia, la confianza no es decorativa. Es la diferencia entre reforma y rebelión.

La crisis también muestra los límites de los primeros seis meses de Paz en el poder. Asumió prometiendo diálogo y reconstrucción nacional. Sin embargo, el conflicto por la tierra puso rápidamente a prueba si su gobierno podía mediar entre el altiplano, el Amazonas y los llanos orientales sin parecer capturado por una sola región. El hecho de que la federación campesina de La Paz se sumara a la demanda amazónica, bloqueara caminos en el altiplano durante una semana y ahora pida la renuncia de Paz, señala que la derogación pudo haber resuelto un problema legal, pero dejó una herida política abierta.

En Bolivia, las carreteras son instrumentos políticos. Un bloqueo no es solo una interrupción del transporte. Es un parlamento rural hecho de piedras, llantas, cuerpos y paciencia. Le dice a la capital que la periferia aún puede interrumpir el metabolismo de la nación.

Una advertencia regional bajo la tierra

Para América Latina, la crisis de la ley de tierras en Bolivia trae una advertencia que va más allá de un solo estatuto. La región está entrando en una nueva fase de conflicto rural, donde el viejo lenguaje de la reforma agraria choca con el nuevo lenguaje de las finanzas, la seguridad alimentaria, la expansión minera, la presión climática y la agricultura de exportación.

En todo el continente, los gobiernos quieren productividad rural sin revuelta rural. Quieren que el crédito llegue a los agricultores, pero a menudo subestiman cómo se comportan los mercados de tierras cuando la desigualdad ya está incrustada en el suelo. Quieren inversión, pero las comunidades indígenas y campesinas recuerdan que el “desarrollo” muchas veces ha llegado acompañado de abogados, catastros, policías y silencio.

Bolivia es especialmente sensible porque su identidad nacional se construye sobre contradicciones territoriales no resueltas. El Amazonas, el altiplano y Santa Cruz no experimentan el Estado de la misma manera. Santa Cruz suele verse como el motor productivo encargado de llevar al país. Las comunidades indígenas y campesinas suelen verse como la mayoría histórica a la que se le pide renunciar a la protección en nombre del crecimiento ajeno. Paz intenta gobernar dentro de ese triángulo.

Las apuestas geopolíticas no son abstractas. Bolivia está entre Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay, con importancia estratégica en corredores alimentarios, conservación amazónica, gas, litio y rutas comerciales regionales. Si la política de tierras se vuelve inestable, la confianza de los inversores también. Si las comunidades rurales se sienten amenazadas, también la gobernabilidad. Si el agro se siente ignorado, también la producción. El desafío del país no es elegir un bando para siempre. Es construir reglas lo suficientemente estrictas como para que ningún sector crea que sobrevivir requiere cerrar la carretera.

Este es un presidente intentando convertir el retroceso en consenso. Paz dijo que Bolivia ahora necesita una nueva ley de tierras construida escuchando a todos los sectores, una que sea fuerte, justa, equilibrada y para toda la patria. Es el vocabulario correcto. La pregunta es si Bolivia aún tiene suficiente confianza institucional para que esas palabras se sostengan.

Por ahora, la Ley 1720 ya no existe. Pero el argumento que la sustentaba sigue vivo, caminando en algún lugar entre Pando y La Paz, entre el banco y la asamblea comunitaria, entre la promesa de crédito y el temor al despojo. En Bolivia, la tierra recuerda quién escribe la ley.

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